El reciente anuncio del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, junto a su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, de descartar la convocatoria a elecciones generales representa un nuevo y preocupante paso en el progresivo desmantelamiento de los principios democráticos en ese pequeño país centroamericano. Cuando el voto deja de ser una opción para la ciudadanía y el acceso al poder deja de depender de la voluntad popular, la democracia deja de existir como sistema político para convertirse en una mera formalidad vacía.
Nicaragua atraviesa desde hace años un proceso de concentración absoluta del poder, acompañado por restricciones a las libertades civiles, el cierre de espacios para la oposición política y el debilitamiento de las instituciones independientes. La eliminación de la posibilidad de una competencia electoral no constituye un hecho aislado, sino la culminación de una tendencia que ha erosionado los pilares esenciales del Estado de derecho.
La soberanía de los Estados y el principio de no intervención son normas fundamentales de las relaciones internacionales y deben ser respetadas. Sin embargo, ello no implica que los países democráticos deban guardar silencio frente a decisiones que contradicen abiertamente los valores universales de la democracia, el pluralismo político y los derechos fundamentales. Expresar preocupación por el deterioro democrático de otra nación no equivale a intervenir en sus asuntos internos; constituye, por el contrario, una defensa de principios compartidos y de compromisos asumidos en el ámbito internacional.
Bolivia, cuya Constitución consagra el ejercicio de la democracia mediante el sufragio universal y el respeto a la voluntad popular, no debería permanecer indiferente ante una decisión que priva a un pueblo de su derecho a elegir y renovar libremente a sus gobernantes. La política exterior de un Estado democrático encuentra coherencia cuando los principios que defiende en el ámbito interno también orientan su actuación internacional.
No se trata de emitir juicios sobre las preferencias políticas de los nicaragüenses ni de pretender influir en sus decisiones soberanas. Se trata de reafirmar un principio elemental como la legitimidad democrática que requiere elecciones libres, periódicas y competitivas. Cuando estas desaparecen, también se desvanece uno de los principales mecanismos de control ciudadano sobre el poder.
La historia latinoamericana ofrece suficientes lecciones sobre las consecuencias de la concentración indefinida del poder y la supresión de los mecanismos democráticos. Ninguna sociedad se fortalece cuando se eliminan los espacios de participación y alternancia. Por el contrario, la estabilidad auténtica solo puede construirse sobre instituciones legítimas, respeto a los derechos fundamentales y confianza ciudadana.
Bolivia tiene la oportunidad de expresar, con prudencia diplomática y absoluto respeto a la soberanía de Nicaragua, una posición clara en favor de la democracia, el Estado de derecho y el derecho de los pueblos a decidir su destino mediante el voto. El silencio, en circunstancias como estas, puede interpretarse como indiferencia frente a la erosión de valores que trascienden las fronteras nacionales.
La democracia no puede defenderse únicamente cuando resulta conveniente. Su vigencia depende de la coherencia con que los Estados y sus gobiernos la promuevan, tanto dentro de sus fronteras como en los espacios internacionales. Porque, al final, la democracia no es patrimonio de un país ni de un gobierno. Es un derecho de los pueblos y una responsabilidad permanente de todos quienes dicen creer en ella.