Cada semáforo en rojo ofrece la misma escena. Motocicletas que avanzan entre los vehículos detenidos, cruzan el paso de cebra, circulan por las aceras, transportan a familias enteras y desafían las normas de tránsito con una naturalidad inquietante. Lo que hace algunos años parecía una excepción se ha convertido en parte del paisaje urbano. Y, como suele ocurrir cuando una conducta riesgosa se normaliza, las estadísticas terminaron confirmando el costo: hoy, una de cada tres muertes por accidentes de tránsito en Santa Cruz involucra a motocicletas.
El problema, sin embargo, no puede reducirse a una discusión sobre motociclistas. Lo que revelan las cifras es una crisis mucho más profunda: la incapacidad del Estado para construir una verdadera política de seguridad vial. Durante años se permitió el crecimiento acelerado del parque de motocicletas sin acompañarlo con educación, control efectivo, infraestructura adecuada ni una fiscalización capaz de corregir conductas peligrosas. El resultado es una combinación explosiva de imprudencia, informalidad y ausencia de autoridad que se cobra vidas casi a diario.
La dimensión humana es la más dolorosa. Cada víctima deja una familia fracturada y un proyecto de vida interrumpido. Pero existe otra factura que rara vez ocupa el centro del debate. Los accidentes también consumen recursos hospitalarios, generan discapacidad permanente, reducen la productividad, afectan a las empresas y empujan a muchas familias a la pobreza. La Organización Mundial de la Salud estima que los siniestros viales cuestan alrededor del 3% del Producto Interno Bruto de un país. En Bolivia ni siquiera existe una medición oficial que permita conocer con precisión cuánto dinero pierde la economía por una tragedia que se repite todos los días.
Lo más preocupante es que esta crisis no responde a una fatalidad inevitable. La mayoría de los accidentes tiene causas prevenibles: exceso de velocidad, consumo de alcohol, desconocimiento o incumplimiento de las normas y una débil cultura de respeto al espacio público. Frente a ello, la respuesta institucional continúa siendo reactiva. Se intensifican los controles después de un accidente mediático, se anuncian operativos temporales y luego todo vuelve a la normalidad. Esa lógica ha demostrado su fracaso.
Bolivia necesita asumir que la seguridad vial es un asunto de salud pública, de competitividad y de desarrollo. No basta con endurecer sanciones. Hace falta una estrategia sostenida que combine educación desde las escuelas, formación obligatoria para los conductores, controles permanentes, infraestructura segura y un sistema que mida el impacto económico y social de los accidentes para orientar políticas públicas basadas en evidencia. La prevención cuesta mucho menos que reparar las consecuencias.
Ha llegado el momento de frenar este problema en seco. No con operativos esporádicos ni campañas pasajeras, sino con una política pública que haga cumplir la ley sin excepciones. Las motocicletas no pueden seguir circulando al margen de las normas ni las calles convertirse en territorios donde prevalezca la imprudencia. El costo ya es demasiado alto para seguir administrándolo con resignación. Cada vida que se pierde por la inacción del Estado y la indiferencia de la sociedad es una tragedia evitable. La autoridad tiene la obligación de recuperar el control de las vías y la ciudadanía el deber de respetarlas. En seguridad vial no hay espacio para medias tintas: o se impone el orden ahora, o las estadísticas seguirán escribiéndose con nombres y apellidos.