Cada 27 de julio Bolivia conmemora el Día del Juez Boliviano en homenaje a Pantaleón Dalence. Sin embargo, esta fecha no debería reducirse a un acto meramente protocolar; constituye, sobre todo, una oportunidad para reflexionar acerca del verdadero significado de la justicia y del papel de quienes tienen la responsabilidad de hacerla efectiva. Vivimos una época compleja para la administración de justicia.
La ciudadanía expresa profundas preocupaciones sobre la mora judicial, la burocracia, las limitaciones tecnológicas, la insuficiencia presupuestaria y la independencia de los órganos jurisdiccionales. A esto se suman los reiterados intentos de trasladar al escenario judicial disputas políticas, generando una percepción de fragilidad institucional que erosiona la confianza pública. Negar esa realidad sería desconocer los desafíos del Estado, empero reducir toda la justicia a esa crisis sería profundamente injusto.
Detrás de cada expediente existe un juez que estudia durante horas; detrás de cada audiencia hay una autoridad que decide sobre la libertad, el patrimonio o la dignidad de las personas. Esa realidad cotidiana pocas veces es visible, pero constituye el verdadero rostro de la función jurisdiccional.
La justicia es, antes que nada, un valor: la permanente búsqueda de otorgar a cada persona aquello que le corresponde conforme al derecho y a la dignidad humana.
Por ello, ningún sistema judicial puede medirse únicamente por indicadores estadísticos; su verdadera legitimidad reside en la capacidad de generar decisiones imparciales, razonadas y respetuosas de los derechos fundamentales. Un juez no es un aplicador mecánico de normas. La ley es el punto de partida, pero la justicia exige interpretación, prudencia y responsabilidad ética.
La independencia judicial trasciende al propio juez, no es un privilegio personal, sino un derecho de la ciudadanía, solo un juez libre de presiones políticas, económicas o mediáticas puede decidir exclusivamente conforme a la Constitución, la ley y las pruebas. Cuando esa independencia se debilita, quien verdaderamente pierde es el ciudadano.
Aunque el sistema desarrolle su labor bajo condiciones adversas como recursos insuficientes, infraestructura limitada y sobrecarga procesal, ninguna de estas circunstancias puede convertirse en excusa para incumplir el deber jurisdiccional. Es en este contexto donde adquiere especial relevancia la labor silenciosa de miles de jueces que ejercen su función con honestidad, rigor jurídico y absoluto respeto por el debido proceso, este artículo va dirigido a ellos a quienes estudian hasta altas horas, resisten presiones y comprenden que administrar justicia no consiste solo en resolver conflictos, sino en preservar la confianza social. Los Principios de Bangalore (independencia, imparcialidad, integridad, corrección, igualdad, competencia y diligencia) no son conceptos decorativos; son estándares mínimos que orientan cada decisión.
La confianza pública se reconstruye sentencia tras sentencia, proceso tras proceso.
Pantaleón Dalence dejó un legado plenamente vigente: la justicia solo adquiere sentido cuando se encuentra al servicio de la sociedad y nunca de intereses particulares. Hoy, el mayor homenaje a quienes administran justicia es reafirmar el compromiso colectivo con una administración de justicia libre, imparcial, accesible y dotada de los recursos necesarios.
La fortaleza de la justicia depende de la integridad de quienes la sirven, en este Día del Juez Boliviano, el reconocimiento es para quienes recuerdan cada día que la justicia no se proclama, se ejerce; y que continúa siendo el fundamento indispensable de la libertad y la convivencia democrática.
Verónica Vásquez Salvatierra es jueza