En medio de la profunda crisis económica que vive Bolivia, resulta natural escuchar una demanda ciudadana que parece de sentido común: si la población está haciendo sacrificios, el Gobierno también debería hacerlo. Entre esas exigencias aparece una con frecuencia: bajar los salarios de los funcionarios públicos.
Es una reacción comprensible. Pero también puede ser una de esas ideas que, aunque intuitivas, terminan agravando el problema que pretenden resolver.
Con demasiada frecuencia medimos la justicia en función del otro. Si el ciudadano gana poco, el servidor público también debería ganar poco. Si el país atraviesa dificultades, quienes trabajan en el Estado deberían compartir ese sacrificio. La lógica parece razonable.
Sin embargo, hay una pregunta mucho más importante: ¿queremos un Estado barato o un Estado capaz y eficiente?
Porque, al final del día, las decisiones más importantes para el futuro de Bolivia pasan por el sector público. Allí se diseñan las políticas económicas, se administran miles de millones de bolivianos, se regulan sectores estratégicos y se toman decisiones que afectan la vida de millones de personas. ¿Por qué esperar entonces que los mejores profesionales quieran asumir esas responsabilidades si el Estado no puede competir por el talento?
En cualquier parte del mundo, los mejores recursos humanos buscan las mejores oportunidades. No es una cuestión ideológica; es simplemente la realidad del mercado laboral. Bolivia no es la excepción.
Un salario de Bs. 20.000 puede ser considerado elevado para el promedio nacional. Pero no necesariamente es el salario que atrae al mejor economista, al mejor ingeniero, al mejor abogado o al mejor especialista en políticas públicas. Esos profesionales probablemente estén ganando bastante más en el sector privado o desarrollando su carrera fuera del país.
Esto no significa que hoy no existan excelentes servidores públicos. Los hay, y muchos trabajan con enorme vocación. Pero también es cierto que, como país, difícilmente estamos compitiendo por atraer al mejor talento disponible.
Existe además otra realidad incómoda.
Cuando los incentivos económicos son insuficientes y el manejo de recursos públicos es enorme, las tentaciones aumentan. No se trata de afirmar que un salario bajo convierte a alguien en corrupto. Sería injusto. Pero sí es cierto que un sistema con remuneraciones poco competitivas, escasos incentivos de largo plazo y alta discrecionalidad crea un terreno mucho más propicio para la corrupción.
Estoy convencido de que hoy la corrupción le cuesta muchísimo más al Estado boliviano que lo que costaría construir un verdadero servicio civil profesional con remuneraciones competitivas.
Basta hacerse algunas preguntas.
¿Cómo se explica que existan candidatos al Legislativo dispuestos a invertir durante la campaña montos superiores a todo el salario que recibirán en cinco años de gestión? ¿Qué rentabilidad esperan obtener?
¿Cómo se explica que algunas autoridades, sin haber desarrollado previamente carreras profesionales de altos ingresos ni actividades empresariales relevantes, mantengan niveles de vida difíciles de compatibilizar con un salario público?
Estas preguntas no buscan acusar a personas concretas. Buscan poner sobre la mesa una realidad que muchas veces preferimos ignorar.
El verdadero debate no debería ser cuánto ahorrar bajando salarios. Debería ser cuánto pierde Bolivia por no tener un Estado profesional.
Llámenme ingenuo si quieren, pero mi sueño para Bolivia es que sea un país donde trabajar para el Estado sea un orgullo reservado para los mejores; donde el mérito pese más que el carnet político; donde exista una carrera pública que trascienda a los gobiernos; y donde los ascensos dependan del desempeño y no del partido de turno. Un Estado donde las políticas públicas sean verdaderas políticas de Estado, evitando ese permanente “síndrome de Adán”, según el cual cada administración cree que la historia comienza con ella.
Algunos dirán que un Estado con déficit fiscal debe reducir su tamaño antes que aumentar salarios. Coincido plenamente. Bolivia necesita un Estado más pequeño, más eficiente y con menos gasto improductivo.
Pero precisamente por eso creo que debemos aspirar a un Estado con menos funcionarios, mejor seleccionados, mejor evaluados y mejor remunerados.
No se trata de pagar más por hacer lo mismo. Se trata de pagar mejor para exigir mucho más.
Porque el verdadero costo para un país no está en tener buenos funcionarios públicos bien remunerados.
El verdadero costo está en no tenerlos.
Marcelo Trigo es economista y consultor en Estrategia y Gobierno Corporativo