En el núcleo de la filosofía política clásica, el Leviatán (1651) de Thomas Hobbes advierte sobre los peligros que surgen al disolver la autoridad estatal. Sin un poder soberano capaz de ordenar la coexistencia, emerge el estado de naturaleza de una "guerra de todos contra todos". En este escenario de anarquía latente, desprovisto de un árbitro supremo, el ser humano se vuelve el depredador de sus semejantes. Hoy, Bolivia escenifica esta distopía con alarmante fidelidad. La parálisis del aparato estatal ha transformado las carreteras nacionales en un teatro de autoagresión colectiva, necrosando los tejidos vitales de la sociedad.
Ante la ausencia de una intervención decidida que garantice el orden y el libre tránsito, la dinámica social no se traduce en una autorregulación armónica, sino en un proceso degenerativo de fragmentación violenta. Con aproximadamente 90 puntos de bloqueo estrangulando las arterias del país, una facción minoritaria, articulada con financiamiento ilícito y operando bajo lógicas de extorsión y control territorial, asfixia los derechos fundamentales de la ciudadanía. Esta falla sistémica opera como un torniquete sobre el flujo metabólico de la economía. El desabastecimiento de insumos energéticos, medicamentos y alimentos destruye el ecosistema social de las regiones acorraladas.
El saldo trágico de esta fractura son más de diez vidas perdidas y el impacto en la salud integral de miles de familias. Estas muertes no ocurrieron en un campo de batalla, sino en los márgenes de rutas obstruidas, producto de la imposibilidad de trasladar pacientes o la carencia crítica de insumos médicos. Así, se materializa la advertencia empírica de Hobbes: cuando el Estado se repliega, la vida del ser humano se vuelve "solitaria, pobre, tosca, embrutecida y corta".
Hace siete meses, Rodrigo Paz, asumió el Ejecutivo con indiscutible legitimidad democrática, pero esta investidura política no se ha traducido en capacidad real para ejercer el poder. Nos encontramos ante la figura de un "Leviatán debilitado", carente de firmeza estratégica indispensable para imponer el orden constitucional. En una formación social tan compleja y abigarrada, la gestión pública no admite liderazgos de baja intensidad. La postergación sistemática de decisiones debilita aceleradamente la autoridad presidencial, permitiendo la consolidación de un callejón sin salida que beneficia a los grupos corporativos violentos.
El tiempo es un recurso no renovable y selectivo que corre en contra. Decretar medidas firmes al inicio era viable; con una red de bloqueos consolidada en 90 puntos, la viabilidad de un estado de excepción está seriamente comprometida. Una intervención tardía no solo arriesga ser logísticamente ineficaz, sino que posee un alto potencial de generar un efecto rebote, catalizando una escalada de violencia impredecible.
El drama boliviano demuestra que el monopolio de la fuerza y la preservación del orden público son precondiciones para la existencia de los derechos individuales y colectivos. Cuando el Leviatán resigna su rol de garante de la paz interna, la sociedad civil retrocede hacia la barbarie del sometimiento a manos de estructuras corporativas. Bolivia enfrenta una bifurcación civilizatoria: o el Estado asume su conducción con madurez estructural, o el país seguirá devorándose a sí mismo en el laberinto intransitable de sus carreteras.
Sin embargo, es imperativo someter a una duda metódica la aplicabilidad del Leviatán frente a la compleja ontología boliviana. La noción del Estado moderno, diseñada para matrices sociales homogéneas, choca frontalmente con la realidad de una formación social abigarrada y multisocietal. En nuestro territorio existe una superposición de distintos grupos que habitan temporalidades históricas disímiles, lógicas culturales divergentes y modos de producción asimétricos. Intentar encajar a la fuerza las teorías de Estado nacidas en Europa a la realidad boliviana, genera fisuras en el diagnóstico tradicional: el Estado, incapaz de articular estas capas socioculturales, se transforma en un "Estado Aparente", una superestructura formal que flota sobre una realidad que no logra comprender ni integrar.
Decodificar esta crisis exige trascender la mirada unidimensional del soberano que impone el orden desde arriba. Si bien el torniquete en las carreteras refleja una autoagresión innegable, la salida no reside únicamente en invocar la fuerza bruta. Existen múltiples formas de enfocar esta ruptura: desde el análisis de los loops de retroalimentación de nuestra economía política cultural, hasta la comprensión del vacío de legitimidad territorial. Superar la encrucijada no trata solo de recuperar el monopolio de la fuerza, sino de repensar la arquitectura de un Estado que deje de ser un simulacro, tejiendo un nuevo metabolismo social capaz de procesar sus profundas diferencias sin devorarse en el intento.
(*) Mauricio Alzérreca Medrano es especialista en Políticas Públicas