Bolivia vuelve a atravesar horas de extrema gravedad. La advertencia lanzada por el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, no puede ser tomada como una frase más dentro de la crispación política: la democracia está bajo amenaza. Y después de los hechos registrados durante el fin de semana, cuando grupos violentos emboscaron a un ministro, bloquearon carreteras y obligaron al repliegue del corredor humanitario denominado “Banderas Blancas”, resulta imposible negar que la estabilidad del Gobierno y del país enfrenta uno de sus momentos más delicados.
Sin embargo, llama profundamente la atención el tono con el que el presidente Rodrigo Paz Pereira se ha referido a la crisis. En declaraciones a una cadena de televisión argentina sostuvo que gran parte del país permanece en calma y que los conflictos están focalizados únicamente en regiones específicas. La afirmación puede tener un sustento territorial, pero desconoce el verdadero alcance de una crisis que dejó de ser regional hace varios días. Porque cuando las carreteras estratégicas son destruidas o tomadas por grupos organizados, el impacto se expande automáticamente al conjunto de Bolivia.
Las piedras, los bloqueos y las organizaciones que operan con violencia no están presentes en todo el territorio nacional, pero sí afectan a todo el país. Actúan con poder e impunidad, al extremo de desafiar a las fuerzas del orden, cercar rutas troncales y convertir corredores nacionales en zonas hostiles para el tránsito, el comercio y hasta la asistencia médica. El hecho de que el corredor humanitario haya retrocedido frente a las amenazas constituye una señal extremadamente preocupante sobre el deterioro de la autoridad estatal.
Lamentablemente, el presidente Paz parece incurrir en errores que Bolivia ya ha visto antes. En 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada repetía que era el presidente constitucional y que “cinco o diez mil chapareños” no lo obligarían a renunciar. Pocos días después abandonó el país. En 2019, Evo Morales, completamente desconectado de la magnitud de las protestas, se burló de los bloqueos ciudadanos llamándolos “pititas” e incluso ofreció cursos para “enseñar a bloquear”. Tampoco pasó mucho tiempo antes de que terminara huyendo del país.
Mientras tanto, la crisis se profundiza. La Iglesia Católica y el Defensor del Pueblo intentaron abrir espacios de diálogo con algunos sectores movilizados, pero sus gestiones no encontraron eco suficiente en el Ejecutivo. El Gobierno continúa apostando por reuniones y comisiones frente a una crisis que se deteriora por horas. La historia y el momento exigen decisiones urgentes y autoridad democrática efectiva.
Hoy el problema ya no se limita a un conflicto político. En el occidente del país, el precio de varios alimentos se ha disparado. En las zonas productivas, frutas, verduras y hortalizas comienzan a descomponerse por falta de transporte. Exportadores, importadores, industriales y productores acumulan pérdidas mientras el ingreso de divisas vuelve a resentirse. El daño económico se multiplica a la misma velocidad que crece la incertidumbre social.
Por eso, más allá de los discursos tranquilizadores, el país necesita señales claras de conducción. El presidente juró defender la estabilidad democrática y garantizar el funcionamiento del Estado. Ese compromiso hoy exige reconocer la gravedad de la crisis, recuperar el control de las carreteras y actuar con firmeza antes de que Bolivia vuelva a comprobar, demasiado tarde, que las crisis ignoradas terminan convirtiéndose en crisis incontrolables.
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