La propuesta inconstitucional y descarada de Evo Morales de convocar a elecciones generales en 90 días a cambio de levantar los bloqueos y protestas violentas en El Alto y La Paz, evidencia el desmedido desprecio de este prófugo de la justicia por la vida de los bolivianos, la democracia y del país. También deja al descubierto la estrategia de promover un golpe de Estado institucional desde diferentes frentes de acción con el único fin de asumir el poder para obtener privilegios que permitan evadir los procesos judiciales abiertos en su contra por trata de personas y estupro.
El martes se conoció un frustrado plan para destituir al presidente del Órgano Electoral, Gustavo Ávila, con el propósito de que otro vocal permita la posible habilitación de la candidatura del dirigente cocalero.
Este hecho se suma a las marchas, movilizaciones, bloqueos y actos vandálicos que desde hace tres semanas mantienen cercadas a las ciudades de El Alto y La Paz para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. A consecuencia de las violentas manifestaciones los habitantes de esas dos ciudades sufren por el desabastecimiento de alimentos, escasez de medicamentos, falta de oxígeno en los hospitales y de agresiones a la población. Es un verdadero desastre humanitario.
Las protestas violentas en las calles y el intento de cambio en el Órgano Electoral por parte de los “evistas” no son hechos aislados ni casuales; por el contrario, guardan estrecha relación entre sí y es una evidencia de que los ataques provienen de diferentes frentes para romper la institucionalidad democrática por la obsesión y el capricho desmedido de Morales por acceder al poder.
El conflicto en Bolivia ha provocado la reacción de organismos internacionales y ha llamado la atención de autoridades de otros países. Este miércoles la Organización de Estados Americanos (OEA) celebró una sesión extraordinaria para analizar la crisis boliviana y se pronunció en favor de mantener la estabilidad democrática en el país, a tiempo de llamar a los sectores movilizados a deponer las acciones hostiles al Gobierno y a la población.
La crisis también provocó la reacción del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien por medio de redes sociales expresó: “Que no haya ninguna duda de que quienes perdieron de manera abrumadora en las urnas en Bolivia el año pasado están intentando derrocar al presidente @Rodrigo_PazP mediante la organización de disturbios y bloqueos con el apoyo del crimen organizado y de narcotraficantes… Estados Unidos respalda firmemente al Gobierno constitucional y legítimo de Bolivia, y rechaza este intento por sustituir el orden institucional por el gobierno de las turbas”.
En el país aumentan las voces ciudadanas y de instituciones en respaldo al Gobierno legalmente constituido y en rechazo a los grupos desestabilizadores del orden institucional. Así lo evidencian las marchas que protagonizaron en Santa Cruz y Cochabamba los sectores cívicos, productores, artesanos, comerciantes, pequeños empresarios, entre otros, que reclaman por el derecho al trabajo, a la libre locomoción y a vivir en paz.