¿Cómo se reconfiguran los parámetros de legitimidad democrática en una sociedad donde la protesta históricamente sacralizada por el corporativismo sindical empieza a ser evaluada bajo criterios de derechos ciudadanos, y no solo como una manifestación incuestionable de demandas populares?
El reciente y explícito respaldo de la opinión pública, junto al pronunciamiento de diversas instituciones sociales y políticas que exigen el juzgamiento de los dirigentes e implicados en el brutal bloqueo que paralizó al país durante 53 días, no constituye un hecho aislado ni meramente coyuntural, sino, marca una diferencia cualitativa fundamental en el desarrollo y la maduración de la conciencia democrática de la sociedad boliviana. Hasta hace muy poco tiempo, reconocer abiertamente que los bloqueos de caminos representaban medidas profundamente antidemocráticas y violatorias de los derechos fundamentales de los ciudadanos, resultaba una postura prácticamente imposible de sostener en el debate público, dado que, la narrativa dominante tendía a naturalizar e incluso a romantizar estas formas de acción colectiva radical como expresiones legítimas de la protesta social. Hoy en día, sin embargo, asistimos al agotamiento de ese viejo paradigma propio de lo “popular”, una matriz discursiva en la que bastaba la sola apelación a la participación del “pueblo” para inhibir de manera automática cualquier expresión en contra o cualquier intento de argumentación legal. De hecho, las “movilizaciones” se situaban por encima del ordenamiento jurídico general. El uso de dinamitas, la violencia a personas privadas, los asaltos y la destrucción de bienes públicos parecían estar exentas de cualquier penalidad. Hoy las cosas parecen haber cambiado. El quiebre de los “discursos” basados en la violencia social organizada en nombre del “pueblo”, devela el surgimiento de una ciudadanía democrática en sentido pleno. Un sujeto colectivo que ha empezado a desechar los parámetros tradicionales de la política tradicional, para adoptar, de forma cada vez más decidida, criterios de convivencia basados en la institucionalidad, la legalidad y el resguardo de los derechos y las libertades ciudadanas. Este tránsito cualitativo implica que la sociedad civil ya no se subordina ciegamente a consignas doctrinales o ideológicas que afecten de manera directa su libertad de tránsito, su derecho al trabajo y la preservación de sus bienes materiales, prefiriendo en su lugar la defensa de un marco normativo mejor ajustado al desarrollo de la civilización occidental y la modernidad capitalista. Este fenómeno de maduración cívica cuestiona la vigencia de liderazgos como los de Argollo, Salazar o Evo Morales, propios del siglo XX y vinculados a una concepción de sociedades sometidas al Poder de los caudillos.
Históricamente, la debilidad del Estado boliviano para garantizar el orden público y proteger los derechos ciudadanos, permitió que ciertos liderazgos corporativos asumieran prerrogativas paraestatales y utilizaran las movilizaciones violentas y el bloqueo de carreteras como herramienta “legítima” de negociación frente al poder central. Bajo esa lógica, el bloqueo no era visto por sus ejecutores como delito o exceso, sino como el mecanismo básico de su reconocimiento político. Así se configuró una ciudadanía patrimonial y excluyente, en la que la capacidad de interpelar al Estado dependía de la coacción física ejercida sobre el resto de la población. Se utilizaba la ciudadanía como mecanismo de chantaje. Sin embargo, los daños sistemáticos de las medidas de fuerza de ese tipo, terminó por erosionar el capital simbólico de estas movilizaciones. La sociedad ya no identifica la radicalidad como signo de justicia o mecanismo de protesta, sino como una amenaza directa a la supervivencia económica y a la seguridad colectiva, a sus derechos y sus instituciones. Al exigir la aplicación de la ley y el procesamiento judicial de los responsables, la sociedad civil no demanda la supresión del derecho legítimo a la protesta, sino la fijación de un límite ético y legal indispensable para la democracia: ninguna demanda, por más justa que se presente, puede arrogarse el derecho de secuestrar las libertades fundamentales de toda una nación.
La emergencia de esta nueva conciencia ciudadana, que podemos denominar como la consolidación de la ciudadanía de a pie frente al sindicalismo populista, representa una ruptura con el modelo de representación basado en “las masas” o “el pueblo” definido a gusto del dirigente, La transformación del escenario urbano boliviano y la diversificación de las trayectorias de vida de sus habitantes han generado una subjetividad política mucho más celosa de su autonomía individual y de sus condiciones materiales de existencia, lo que choca frontalmente con las viejas prácticas de movilización obligatoria y de subordinación comunitaria que caracterizaron los ciclos políticos previos. En este sentido, el reclamo de justicia penal frente a los excesos del bloqueo de cincuenta y tres días funciona como un síntoma inequívoco de que el ciudadano actual evalúa la política desde una ética de la responsabilidad y no meramente desde una ética de la convicción ideológica. Este cambio de perspectiva sitúa el debate en el terreno de los derechos ciudadanos universales y de la igualdad ante la ley. Por lo tanto, la demanda de juzgar a Argollo, Salazar, Morales y los implicados en el brutal bloque de los 53 días, no debe ser leída como un simple acto de revancha política, sino como un hito fundacional en la construcción de un nuevo horizonte democrático y plural, donde la legitimidad del disenso y de la movilización social quede indisolublemente vinculada al respeto irrestricto de la institucionalidad y de la libertad del prójimo. Todo parece indicar que los liderazgos tipo Argollo, son las últimas expresiones de los estilos políticos del siglo pasado, inaceptables para una ciudadanía que se nos presenta como un producto dialéctico frente a veinte años de autoritarismo antidemocrático.
(*) Renzo Abruzzese es sociólogo