No soy abogado ni pretendo un análisis jurídico estricto. Escribo como economista y ciudadano preocupado por la calidad de nuestras instituciones democráticas. Me pregunto, como muchos bolivianos: ¿realmente necesita Bolivia un Tribunal Constitucional separado del Tribunal Supremo de Justicia? Mi respuesta es que no. La experiencia de los últimos años muestra que ese órgano no ha fortalecido nuestro Estado de derecho; por el contrario, ha profundizado la inseguridad jurídica y la desconfianza ciudadana. Y esa fragilidad se agrava por un mal que rara vez se discute con la seriedad que merece: la justicia boliviana funciona con un presupuesto que la propia autoridad judicial califica de obsoleto.
Esta semana, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, hizo pública una cifra que resume el problema: el Órgano Judicial recibe apenas el 0,35% del Tesoro General de la Nación, unos Bs 1.100 millones al año, de los cuales el 75% se destina a sueldos. Queda menos de un cuarto para infraestructura, tecnología e insumos básicos, con una lógica presupuestaria de hace quince años frente a una carga procesal que no ha dejado de crecer. Frente a esto, magistrados de todo el país advirtieron con un paro escalonado si no se atienden dos demandas: la aprobación de más de diez proyectos de reforma judicial —uno propone elevar al 5% del PGE la asignación al Órgano Judicial, en cumplimiento del artículo 178 de la Constitución— y una respuesta a la crisis de subfinanciamiento. Los litigantes rechazan el paro, pero coinciden en que el sistema necesita más recursos.
Este episodio no es un incidente aislado; es la otra cara de la misma moneda. Cuando se creó el Tribunal Constitucional se pensó que un órgano especializado protegería mejor la Constitución. Pero las instituciones se evalúan por sus resultados, y tras más de dos décadas el balance no es satisfactorio: el Tribunal ha quedado expuesto a cuestionamientos sobre su independencia y la consistencia de su jurisprudencia. La sentencia que habilitó la reelección presidencial indefinida marcó un antes y un después: abrió una fractura entre el texto constitucional, la voluntad expresada en referendo y la interpretación del propio Tribunal. La Corte Interamericana concluyó después que esa reelección no es un derecho protegido por la Convención Americana, pero el daño institucional ya estaba hecho.
El problema va más allá de una sentencia o de un presupuesto insuficiente por separado: son dos síntomas de la misma fragmentación. Bolivia terminó con dos máximas instancias judiciales que generan duplicidad y demoras, compitiendo por una porción de un presupuesto ya insuficiente para una sola estructura, no para dos. En teoría, sus competencias son complementarias; en la práctica, la separación multiplica procedimientos, sedes y costos fijos que un sistema unificado no necesitaría duplicar.
Hay países que demuestran que no es indispensable un tribunal constitucional independiente para proteger eficazmente la Constitución. Argentina, Brasil, México y Uruguay confían esa responsabilidad a sus cortes supremas, sin menor protección de los derechos fundamentales. Lo determinante no es el nombre del órgano, sino la calidad de los jueces y su independencia real —imposible sin autonomía presupuestaria efectiva, porque, como bien señaló Saucedo, "quien maneja la billetera es el que va a tener sometido a otro órgano del Estado".
Integrar el control constitucional al Tribunal Supremo permitiría simplificar la estructura judicial y liberar recursos hoy dispersos en dos aparatos paralelos. Pero la fusión institucional no basta por sí sola: Bolivia necesita elevar de manera imperiosa el presupuesto de la justicia. El reclamo del 5% del PGE es la traducción numérica de un mandato constitucional que hoy se cumple solo de forma nominal. Costa Rica ofrece el ejemplo más elocuente de la región: su Constitución obliga a destinar al menos el 6% del presupuesto ordinario de ingresos al Poder Judicial, blindándolo de la discrecionalidad de cada gobierno. No es casualidad que ese país figure entre los de mayor independencia judicial percibida en América Latina. Bolivia, con apenas 0,35% del TGN, está en el extremo opuesto.
El argumento económico es tan sólido como el institucional. La seguridad jurídica es requisito indispensable para atraer inversión. Un aumento de apenas 1% a 2% del PIB en inversión privada anual, favorecido por un sistema judicial más predecible y mejor financiado, representaría entre 500 y 1.000 millones de dólares adicionales por año. Frente a esa cifra, elevar el presupuesto judicial del 0,35% al 5% del TGN es una inversión menor con un retorno muy superior a su costo. El problema no es la falta de propuestas: más de diez proyectos de ley duermen en el Parlamento desde noviembre de 2025 sin llegar siquiera a comisión.
Naturalmente, mayor presupuesto sin reforma en la selección de magistrados sería un paliativo insuficiente. Cualquier incremento debe ir acompañado de cambios profundos en ese proceso —privilegiando el mérito y la independencia frente al poder político— junto con procedimientos transparentes y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Bolivia necesita recuperar la confianza en su justicia, y eso no se logra solo con la fusión de dos tribunales en uno, aunque sea deseable. Se necesita, con la misma urgencia, garantizar que la justicia deje de operar con las sobras de un presupuesto diseñado hace quince años para un país que ya no existe. Concentrar el control constitucional en el Tribunal Supremo y blindar constitucionalmente su financiamiento —como Costa Rica— no son dos reformas distintas: son las dos caras de una misma decisión pendiente. Mi impresión, como ciudadano y no como abogado, es que el país ganaría más con un sistema unificado, adecuadamente financiado y con reglas claras de independencia, que con la actual estructura fragmentada y empobrecida.
(*) Carlos Ibañez Meier; Ph.D en Economía