Bolivia no reconoce el informe de EE.UU. sobre derechos humanos, ve injerencia y lo califica de unilateral
Según la Cancillería boliviana, este tipo de documentos “son una práctica de injerencia en asuntos internos y elaborados sin fundamentos objetivos que lo sustenten”.
El gobierno de Luis Arce, a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, afirmó este martes que “no reconoce” el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los derechos humanos en Bolivia.
“El Estado Plurinacional de Bolivia (…) manifiesta que no reconoce este tipo de documentos emitidos de forma unilateral, que son una práctica de injerencia en asuntos internos y elaborados sin fundamentos objetivos que lo sustenten”, señala el pronunciamiento.
En ese sentido, la Cancillería también recuerda que Bolivia se adscribe al multilateralismo y a sus mecanismos de evaluación para la garantía, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos, en el marco de los tratados y convenios internacionales.
Incluso, “se han realizado (a Bolivia) una serie de visitas de distintas instancias de derechos humanos. En esta línea, entre el 27 y 30 de marzo, (también) estará en nuestro país una misión de alto nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de conocer la situación de los mismos en distintas regiones de Bolivia”, señala otro párrafo del comunicado.
Momentos antes de la difusión de este pronunciamiento oficial de la Cancillería, el ministro de Justicia, Iván Lima, calificó de “básico” y de “muy débil” el informe de Estados Unidos.
“Claramente es un informe muy débil en sus argumentos con información muy general e imprecisa”, al menos en sus referencias al Ministerio de Justicia, sostuvo Lima.
En pasadas horas se conoció un informe estadounidense de 31 páginas acerca de los derechos humanos en Bolivia, dividido en siete secciones.
El resumen ejecutivo de dicho documento establece que “los problemas significativos de derechos humanos incluyeron informes creíbles de tortura y casos de trato o castigo cruel, inhumano o denigrante por parte de funcionarios del gobierno”.
Asimismo, habla de condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; de arrestos o detenciones arbitrarias; y de serios problemas respecto a la independencia judicial.
Del mismo modo, se refiere a restricciones sobre la libertad de expresión y medios de comunicación, incluidos actos de violencia contra los periodistas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y censura; interferencia sustancial con la libertad de reunión; corrupción gubernamental seria; falta de investigación y de rendición de cuentas por actos de violencia en razón de género; y la existencia de las peores formas de trabajo infantil.
