La aprehensión de Vicente Salazar, ejecutivo de la Federación de Campesinos Túpac Katari, marcó un nuevo avance en las investigaciones por los 53 días de movilizaciones que paralizaron gran parte del país entre mayo y junio y reactivó los pedidos para que el expresidente Evo Morales y el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, también sean puestos a disposición de la justicia dentro del mismo proceso.
La Fiscalía Departamental de La Paz confirmó que la captura fue ejecutada por la Policía en cumplimiento de una orden emitida por una comisión integrada por los fiscales David Torres Choque, Walter Lora Uría y Edwin Omar Colque Gonzales. Tras su detención, Salazar fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde deberá prestar declaración.
El Ministerio Público atribuye al dirigente campesino seis delitos: instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, financiamiento al terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos. Los tipos penales más graves, terrorismo y financiamiento al terrorismo, contemplan penas de entre 15 y 20 años de prisión.
La denuncia fue presentada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, contra Salazar, Argollo, el senador Nilton Condori y otros dirigentes por los hechos registrados durante los bloqueos. El mandamiento de aprehensión instruye que la medida sea ejecutada respetando los derechos y garantías constitucionales.
Durante el conflicto, el presidente Rodrigo Paz y el ministro Oviedo sostuvieron que las movilizaciones fueron financiadas por organizaciones vinculadas al narcotráfico y aseguraron que todos los responsables serían identificados. El Ejecutivo también denunció la presencia de grupos armados que amenazaron con tomar cuarteles e instalaciones estratégicas, entre ellas plantas de YPFB en el Chapare, Santa Cruz y El Alto, elementos que forman parte del sustento de la denuncia por terrorismo.
Piden a Evo y Argollo
El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, afirmó que la detención de Salazar representa “el inicio” del esclarecimiento de lo ocurrido durante los 53 días de bloqueos y permitirá establecer responsabilidades por los daños ocasionados.
Según el dirigente cívico, la investigación deberá incorporar toda la información que eventualmente proporcione Salazar y fortalecer también la denuncia presentada por la institución cívica. En ese contexto, sostuvo que Morales y Argollo “deben correr la misma suerte jurídica” y ser puestos a disposición de la justicia.
En la misma línea, el vocero de la Gobernación de Santa Cruz, Rolando Schrupp, señaló que corresponde permitir que el Poder Judicial actúe sin presiones políticas, económicas o de fuerza y remarcó que todos los involucrados deben responder ante las autoridades competentes.
Respecto a Morales, Schrupp sostuvo que cualquier ciudadano está obligado a comparecer cuando es convocado por un juez o un fiscal y afirmó que no existen privilegios para dirigentes políticos o sindicales. Mientras continúan las investigaciones, el Gobierno mantiene que los elementos sustentan la denuncia por terrorismo presentada.