La mediación para lograr un cuarto intermedio en los bloqueos avanza en algunos sectores afectados por el desabastecimiento de comida y medicamentos, pero en sectores como El Alto, los movilizados asumen acciones reprochables como la de quemar una patrulla de la Policía Boliviana que se dirigía a dar auxilio a una mujer víctima de violencia.
De acuerdo a reportes de medios locales, en un ampliado de emergencia la Federación Única de Trabajadores de los Pueblos Originarios de Chuquisaca, se determinó un cuarto intermedio en los bloqueos para dar paso al corredor humanitario solicitado por diferentes instituciones del departamento.
“Se otorga un cuarto intermedio de las medidas asumidas, dando paso a un corredor humano solicitado por la Gobernación, la Alcaldía, el Defensor Pueblo, la Brigada Parlamentaria por el bien del departamento de Chuquisaca, hasta la convocatoria del ampliado ordinario, a realizarse en el municipio de Tarabuco para la fecha 20 y 21 de junio de 2026”, se lee en un comunicado.
EN EL ALTO QUEMARON UNA AMBULANCIA
No obstante, la medida contrasta con un hecho vandálico cometido en la ciudad de El Alto, por un grupo de bloqueadores que quemaron una patrulla de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, que se dirigía a la zona San Felipe de Seque, en la ciudad de El Alto, para dar auxilio a una mujer.
Este es otro caso en el que los bloqueadores atentan contra un vehículo policial que pretendía ser usado para protección de la población en riesgo. Desde la Defensoría del Pueblo se reportó que los uniformados atendían un caso de violencia cuando fueron interceptados.
“En consecuencia, resulta inadmisible que, en contextos de conflictividad social, se obstaculicen intervenciones destinadas a resguardar la vida, la integridad y la seguridad de personas en situación de vulnerabilidad”, señala un comunicado de la Defensoría.
Según el relato de los policías, fueron despojados de sus pertenencias, entre ellas, una computadora portátil que contenía información relacionada con casos atendidos por la Felcv.
“La Defensoría del Pueblo enfatiza que ninguna medida de presión, movilización o conflicto social puede justificar agresiones físicas, daños a bienes públicos ni acciones que restrinjan el acceso de la población a servicios esenciales. Particular preocupación generan los hechos que afectan la atención de mujeres víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y otros grupos que requieren especial protección”, señala el pronunciamiento.
En contraste, la resolución de las organizaciones sociales de Sucre, exigen que se retire las denuncias contra su dirigente, Julián Romero, contra quien existe una orden de aprehensión. El dirigente actualmente se encuentra en la clandestinidad.
Mientras representantes de otros sectores se reúnen con el Gobierno, para llegar a un acuerdo y levantar las medidas de presión, los movilizados del municipio cruceño de San Julián, determinaron otorgar un cuarto intermedio de cuatro horas para permitir la circulación de los vehículos que permanecen varados en la ruta.