El Presidente descalifica el ultimátum a su mandato y cívicos se suman a la demanda

El presidente, Luis Arce, rechazó el tono “político” de la demanda de los operadores del transporte pesado, quienes amenazaron con pedir el acortamiento de su mandato si hasta el viernes no se normaliza la provisión de diésel.

En una declaración televisada desde el centro de operaciones del Comité Interministerial en Casa Grande del Pueblo de La Paz, el mandatario recordó que el pedido de los transportistas es parecido al que antecedió a la asonada militar del 26 de junio, aunque en este caso no dio señales para considerar esa demanda.

“Hemos visto posiciones muy demagógicas y oportunistas sobre el tema de pedir acortamiento de mandato. Bueno, si era el fondo del tema no necesitan perjudicar a la población, no necesitan estar poniendo en situaciones muy complicadas a la población, porque en el Gobierno teníamos planificado el ingreso del diésel y gasolina”, afirmó Arce.

Un poco más temprano, se había sumado al pedido de acortamiento de mandato el Comité pro Santa Cruz. El presidente de esa entidad cruceña, Fernando Larach manifestó que el país vive una situación de crisis, ya que el Gobierno mantiene conflictos con el sector gremial, transporte, agropecuario y la ciudadanía por el incremento económico en la canasta familiar.

En esa línea, el cívico dijo que el pueblo boliviano debe ser atendido por sus gobernantes, y remarcó que ante los oídos sordos al clamor de los sectores es que el jefe de Estado debe “considerar la posibilidad de adelantar las elecciones generales”.

“Presidente, por un acto de responsabilidad con los que votaron por usted y los que no votaron, es que debe analizar la posibilidad de adelantar elecciones. Bolivia no puede repetir la situación de la UDP por su terquedad”, afirmó.

La declaración de Larach se dio mientras el ministro de Obras Pú[1]blicas, Édgar Montaño, calificaba de “golpe de Estado” el anuncio de los transportistas. También se pronunciaron las organizaciones sociales leales a Luis Arce que rechazaron la posibilidad que se anticipe el llamado a elecciones generales para defenderlo ante cualquier eventualidad.

La dirigente de las Bartolinas de Santa Cruz, Felipa Montenegro considera que la intención del sector transportista es derrocar al presidente. “Están queriendo derrocar a nuestro Gobierno y eso no lo vamos a permitir”, dijo.

Según el secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi,  los dirigentes del transporte pesado “están pidiendo adelantar las elecciones. Eso no lo vamos a aceptar, no lo vamos a permitir”.

“Estamos a un año de las elecciones y es el pueblo que va a decidir dentro de un año quien va a gobernar”, apuntó.

Sin embargo, el líder cobista reconoció que respetan la situación de los transportistas, por ello, exhortó al mandatario a escuchar a este gremio, además de cambiar a dos ministros y al presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por la escasez prolongada de combustible.

Según el calendario del TSE, los comicios de 2025 tendrían que desarrollarse en agosto de ese año. Si se cumpliese la demanda del acortamiento de mandato, los plazos serían menores. El país entrará, dentro de tres meses, en el calendario electoral.

¿Debe acortar su mandato?

El periodista y abogado Andrés Gómez, opinó que los ciudadanos tienen el derecho democrático de pedir el acortamiento de mandato de las autoridades de turno ante la situación actual que se vive en el país, empero, desde el ámbito político consideró que Luis Arce debería cumplir con su mandato constitucional de cinco años, resolver la crisis económica y cumplir con su promesa porque “él era el autor del supuesto milagro económico”.

Señaló que existe una percepción de la ciudadanía de que tiene un mandatario incapaz al no ser ejecutivo, no contar con una solución e ideas para resolver el problema de la economía.

“En cuatro años no resolvió la crisis, entonces, si el presidente tuviera empatía social convocaría a los sectores productivos, a las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos, para trazar un plan anticrisis. La solución comenzaría a partir de ahora, pero el presidente no quiere cambiar el modelo económico”, dijo

Por su parte, el abogado constitucionalista Daniel Valverde manifestó que, en lo que va este  2024, el malestar y el pesimismo de la sociedad han ido creciendo en contra del gobierno por los resultados de la gestión económica.

Afirmó que el gobierno del MAS no ha tenido la capacidad de resolver los problemas y cumplir con su rol ejecutivo y gerencial. Además, apuntó que se observa  una gestión con muy escasa vocación de diálogo, resolución de problemas y alerta temprana como la crisis por el diésel.

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