La Fiscalía de La Paz tiene en la mira a 26 ex funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), incluidos exministros de Obras Públicas y expresidentes de esa entidad, por las investigaciones abiertas por irregularidades y presunta corrupción en la construcción del tramo El Sillar, de 215 kilómetros que está en la ruta que une Cochabamba con Santa Cruz y que fue adjudicada a una compañía china. En la nomenclatura judicial estos casos se denominan El Sillar I, II y III.
Entre los investigados figuran los exministros de Obras Públicas Milton Claros, que ejerció el cargo entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Evo Morales, y Edgar Montaño, que estuvo al frente de esa cartera entre 2020 y 2025, en la gestión de Luis Arce. Montaño ya está detenido en el penal de San Pedro, en La Paz, dentro del primer caso, y recientemente fue notificado con el inicio de investigaciones por el tercer proceso.
El fiscal Omar Yujra explicó a EL DEBER que los cinco expresidentes de la ABC involucrados son Noemí Villegas, quien ya prestó declaraciones; Marcos Loayza; Henry Nina, recientemente enviado a la cárcel; Marcel Humberto Claure y Julián Nicolás Toledo.
De acuerdo con los antecedentes del caso, Villegas y Loayza estuvieron a cargo de la primera etapa de la licitación y la firma del contrato. Nina, exdirigente “Pacto de Unidad” y afín al MAS, fue designado en la gestión de Montaño, tal como Claure y Toledo.
Desde el Viceministerio de Transparencia explicaron que esa repartición tiene conocimiento de dos procesos penales, aunque ambos guardan relación con el mismo proyecto carretero. Las investigaciones, sin embargo, apuntan a distintos momentos y responsabilidades dentro de la obra. Las irregularidades denunciadas e investigadas por la Fiscalía se concentran en tres ámbitos: la licitación y firma del contrato, modificaciones posteriores al proyecto y fallas en la construcción que no fueron observadas al momento en que la firma china Sinohydro entregó la obra.
Transparencia detalló que los dos procesos sobre los que tiene información tienen objetos de investigación diferenciados. El primero está vinculado a presuntas irregularidades en la contratación, administración contractual y pagos relacionados con la obra. El segundo se refiere a posibles deficiencias en la ejecución, supervisión, control de calidad y recepción de la infraestructura. El jefe de la División Contra la Corrupción Pública, Fabio Gonzales, explicó que el caso El Sillar III se encuentra en etapa preliminar y busca establecer responsabilidades por los daños y desperfectos registrados en la carretera que aparecieron poco después de que la obra fuera entregada.
La ABC pagó el 99% del costo de la obra pese a 719 fallas detectadas
El procurador general del Estado, Hugo León La Faye, presentó un informe en el que revelan irregularidades en la entrega provisional de la obra y se estableció que el gobierno de Luis Arce pagó a la empresa china Sinohydro el 99% de los 426,1 millones de dólares del costo total de la obra, esto pese a que en las actas de recepción se enumeraron 719 fallas en su construcción.
“Dentro de los hallazgos se establece un posible daño económico al Estado por un monto de 426.128.655 dólares americanos. De ese monto, el Estado boliviano ha cancelado 425.513.323 dólares americanos que equivale al 99.85% del monto del contrato de obra, pese a que está en etapa de recepción provisional”, informó el procurador en una anterior entrevista con EL DEBER.
Asimismo, en el acta de recepción provisional se identificó 719 fallas técnicas en la obra que van desde la inestabilidad de la plataforma hasta derrumbes en varios sectores, lo que hace intransitable la vía en época de lluvia.
La empresa china firmó dos contratos modificatorios después de la entrega provisional de la obra donde se otorga un plazo adicional a la empresa. Es decir, se estableció un plazo total de 800 días para la entrega final del proyecto. Sinohydro se adjudicó la construcción de la doble vía en octubre de 2015. Las obras iniciaron en agosto de 2018, pero en 2020 la empresa solicitó una ampliación del plazo argumentando que el avance de las obras fue afectado por la pandemia, conflictos sociales, lluvias y fallas geológicas.
“Estamos en etapa de investigación preliminar, entendiendo que hay otros dos casos como son El Sillar I y II, con los que se busca determinar el daño económico causado al Estado. El caso El Sillar III está comenzando para determinar las personas involucradas en el hecho. Se abrió por conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes, por los daños y desperfectos en la carretera, que después de su entrega presentó daños en distintos tramos”, explicó Gonzales.
El fiscal Edwin Colque informó que en el caso El Sillar III hay 18 personas investigadas, en su mayoría exfuncionarios del gobierno de Evo Morales. Todos serán citados para prestar su declaración informativa dentro del proceso. Uno de los últimos aprehendidos fue el expresidente de la ABC Henry Nina, quien fue enviado al penal de San Pedro de La Paz mientras avanzan las investigaciones.
La Procuraduría General del Estado también intervino en el caso. El procurador Hugo León La Faye entregó al actual presidente de la ABC, Ernesto Farfán, un informe sobre la construcción del tramo central de la doble vía El Sillar y recomendó presentar una denuncia ante el Ministerio Público para investigar presuntas irregularidades en el proyecto. Según ese informe, durante la ejecución de la obra se habría modificado el diseño original de la carretera, lo que habría derivado en problemas estructurales que afectan su funcionamiento. “Son 480 millones de dólares en una carretera que presenta problemas que la vuelven intransitable en varios periodos del año”, afirmó el procurador sobre el avance de este proceso.
El tramo de El Sillar está geográficamente ubicado en el ingreso a la región del trópico de Cochabamba y la puna cordillerana.
ABOGADOS
Paradero desconocido
De acuerdo a un anterior informe del fiscal Omar Yujra, se desconoce el paradero del representante legal de la empresa china Sinohydro, Yin Yang y otros tres miembros de la empresa, cuyos abogados devolvieron las citaciones, porque no tendrían contacto con sus clientes. El ciudadano chino ha sido convocado a declarar.
Defensa de Montaño
La defensa del exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, sostiene que el proceso en su contra tiene motivaciones políticas. Su abogado, Edwin Nina, afirmó que su cliente “no participó” en los hechos investigados, ya que los contratos observados fueron firmados en 2015 y 2017, antes de su gestión. Montaño, exlíder de los llamados “guerreros azules”, es investigado por no supervisar algunos aspectos de los pagos a la empresa.