El juez federal Rossie D. Alston, del Tribunal de Distrito del Este de Virginia, decidió no leer la carta enviada por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, en la que denunciaba una presunta extorsión por parte de agentes de la DEA y aseguraba que fue entregado ilegalmente desde Bolivia a Estados Unidos. La determinación fue anunciada durante la audiencia de control celebrada el miércoles 1 de julio, en la que además se fijó para el 11 de enero de 2027 el inicio del juicio en su contra por cargos de narcotráfico y lavado de dinero.
Al finalizar la audiencia, Marset preguntó directamente al magistrado si había recibido la misiva que presentó días antes desde la cárcel de Alexandria, Virginia. Alston respondió que sí, pero aclaró que decidió no revisarla porque la consideró una "comunicación ex parte", es decir, un contacto directo e improcedente con el juez fuera del procedimiento judicial, según reportó la plataforma Organized Crime and Corruption Reporting Project.
Además, el juez Rossie D. Alston, le consultó a Marset si estaba conforme con su nuevo equipo de abogados integrado por Robert Feitel, ex fiscal federal de Estados Unidos.
“Con mis nuevos abogados, sí”, respondió Marset, quien vestía un overol verde oscuro que tenía la inscripción "Recluso de Alexandria" y estaba acompañado por un traductor.
La carta, incorporada previamente al expediente, contenía una serie de denuncias formuladas por el uruguayo sobre su captura el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra. Marset afirmó que fue retirado de su vivienda sin una orden de allanamiento ni de aprehensión y que posteriormente fue expulsado de Bolivia para ser entregado directamente a agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), en lo que calificó como una "entrega irregular que viola tratados internacionales".
Además, aseguró que, tras llegar a Estados Unidos, fue interrogado sin abogado y denunció que agentes federales intentaron obligarlo a entregar el acceso a billeteras de criptomonedas valoradas en aproximadamente 4 millones de dólares en USDT. Según su versión, esos mismos investigadores posteriormente contactaron a su madre para obtener las claves de dichos activos digitales.
En la misma carta, Marset también sostuvo que el fiscal federal adjunto Anthony T. Aminoff conocía esas supuestas irregularidades y no actuó, además de presionarlo para aceptar un acuerdo de culpabilidad bajo la amenaza de enfrentar nuevos cargos.
Durante la audiencia, el juez Rossie D. Alston confirmó además el calendario procesal del caso y rechazó la solicitud de la Fiscalía de postergar el juicio hasta marzo de 2027. En cambio, fijó el inicio del proceso para el 11 de enero de 2027, al considerar que se trata de un caso complejo que requerirá al menos dos semanas de juicio.
La Fiscalía estadounidense amplió recientemente la acusación contra Marset. A los cargos iniciales por conspiración para el lavado de dinero se sumaron delitos de conspiración narcoterrorista, conspiración para distribuir cocaína y lavado de activos, acusaciones que podrían derivar en una condena de cadena perpetua si es declarado culpable.
Marset permanece recluido en el Centro de Detención de Alexandria, Virginia, mientras su nuevo equipo de defensa, encabezado por el ex fiscal federal Robert Feitel, anticipó que impugnará tanto la forma en que fue trasladado desde Bolivia como varios aspectos del proceso judicial antes del inicio del juicio.