La prórroga de magistrados ya suma siete meses y hay más trabas legales

La prórroga de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ya cumplió siete meses, mientras las comisiones mixtas de la Asamblea Legislativa tropiezan con más amparos y recursos judiciales que frenan el proceso de preselección de postulantes para las elecciones judiciales.

Hasta ayer, la Comisión Mixta de Justicia Plural seguía revisando los últimos recursos judiciales que presentaron siete postulantes que fueron inhabilitados. De ésos, solo uno fue habilitado y puesto en las listas para la fase de exámenes orales.

Lo que falta definir es la hora para que comiencen los exámenes orales y se prevé un trabajo de evaluación por tiempo y materia y tienen el reloj en contra.

Ratifican su inhabilitación

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Roberto Padilla, informó ayer que ya resolvió el recurso de una Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni que paralizó el proceso de preselección, y ratificó por unanimidad la inhabilitación del postulante Charles Mejía Cardozo, que presentó ese Amparo Constitucional.

“Se ha decidido ratificar nuevamente su inhabilitación por unanimidad. En este momento se va a notificar a la Sala Constitucional y a partir de eso la otra comisión (mixta de Constitución) tiene que continuar con el trabajo. Nosotros ya hemos resuelto lo que nos pidieron las salas constitucionales (…) todas las resoluciones se han aprobado con más de dos tercios por unanimidad”, precisó el senador Padilla.

El legislador explicó que el aspirante fue inhabilitado porque no cumplió uno de los requisitos que era presentar su documentación en los 20 días de plazo que tenían los aspirantes. El hombre presentó sus papeles fuera de plazo, hecho que ya no fue válido. Padilla subrayó que la evaluación de méritos es a todos los postulantes por igual.

El recurso que presentó Mejía fue porque la Comisión Mixta de Constitución no lo notificó con su inhabilitación en el tiempo establecido, por lo que presentó ese recurso judicial.

No obstante, es la segundad vez que el abogado Mejía presenta un Amparo Constitucional contra los legisladores encargados de la preselección. La primera fue en abril de este año a través también de una Sala Constitucional de Beni, en la que asegura que “ganó” dicho amparo porque fue inhabilitado de forma “ilegal”.

Este fallo debía resolverse en tres días, pero las comisiones no cumplieron por lo que surgió ese segundo Amparo Constitucional.

Al respecto, la diputada María Elena Pachacute (CC) que es parte de la Comisión Mixta de Justicia Plural, explicó a este medio que el abogado Mejía “no cumple con el requisito específico número cuatro, que pide ocho años de experiencia” para el cargo que aspira: ser magistrado del TCP.

“Este postulante solo ha presentado una carta notariada en la cual explicaba su experiencia laboral. Ya en la impugnación, el postulante adjunta la documentación de haber tenido experiencia en algunas acciones de amparos. Nosotros nos apegamos a la norma 1549, por eso nos ratificamos en que no cumple los requisitos y por eso corre su inhabilitación”, afirmó.

El abogado Michel actualmente es funcionario del Órgano Judicial, trabaja como vocal del TDJ de Beni.

Continúa el proceso

Con todos los amparos constitucionales que han paralizado por más de dos meses este proceso de preselección, el mismo volvió a tomar su rumbo y mediante comunicados oficiales, días atrás se fijó la fase de exámenes orales en un plazo de 11 días, es decir, desde el 2 de julio hasta el 13 de este mes.

“Yo creo que el trabajo de los exámenes orales vamos a terminar la próxima semana, y después vamos a remitir el informe a la Asamblea Legislativa con la lista preliminar de los aspirantes. Es importante que la población sepa que estamos en la última fase”, señaló Pachacute.

Comisión de Constitución

En tanto, la Comisión Mixta de Constitución presidida por el senador Miguel Rejas, no sesionó ayer por el recurso que paralizó la Sala Constitucional de Beni, e indicó que además de esa acción llegaron dos amparos de otros postulantes que fueron inhabilitados, uno de Pando y otro de La Paz.

“Estos señores han presentado los amparos constitucionales en contra de la Comisión de Constitución porque no han sido habilitados y quieren que las salas constitucionales nos obliguen a su habilitación (…) esos amparos no paralizan en proceso, sólo es a sus postulaciones”, dijo Rejas.

En ese escenario, persiste la desconfianza en que las comisiones de la Asamblea Legislativa no puedan terminar esta fase de preselección por todos los amparos y recursos judiciales que les llegan cada que realizan sus sesiones.

Los ataques y acusaciones se dan incluso entre propios legisladores. Por ejemplo, el diputado arcista, José Huanca, responsabilizó a sus colegas sobre el retraso en el proceso de preselección, acusaciones que fueron rechazadas por el senador Rejas quien dijo que el sistema judicial y los funcionarios son “manejados” por el gobierno de Arce.

“¿Nosotros manejamos las salas constitucionales de Pando, de Beni, de La Paz?, son ellos. Que no nos vengan a echar la culpa a nosotros. ¿Quiénes manejan la justicia?, el señor (Iván) Lima, hay que decirlo con nombre y apellido. Que no sigan con estos amparos que para nosotros son chicanerías”, protestó Rejas.

Según el “cronograma de preselección de candidatos a las elecciones judiciales 2024”, el trabajo se paralizó en el punto 10 que es la evaluación de méritos, el mismo que está divido en dos partes; la primera es la evaluación de méritos profesionales en la que los legisladores revisaron las hojas de vida documentadas de los aspirantes.

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