Cuatro son los anteproyectos que tendrá en sus manos el Senado para tratar este jueves de feriado por Corpus Christi, para reglamentar un posible estado de excepción. Uno pertenece al senador Daniel Ortiz Velasquez, otro a la diputada Marlene Miranda Palma, ambos del PDC. Hay además un documento sin nombre, y por último está el proyecto que entregó el Órgano Ejecutivo la jornada de este miércoles.
Aunque es feriado, la directiva a cargo de Diego Ávila convocó a sesionar este jueves en una reunión mixta, es decir virtual y presencial. Aquellos senadores que no puedan llegar hasta La Paz podrán conectarse vía virtual para asistir a la sesión.
Tres de los anteproyectos guardan similitud en su contenido, pues prevén la participación de las FFAA con limitaciones y también las sanciones en caso de que ocurra alguna arbitrariedad cuando se aplique esta medida restrictiva.
El documento de la diputada Ortiz plantea un estado de excepción que dure máximo 90 días y las FFAA podrán participar siempre y cuando la Policía haya sido manifiestamente rebasada.
En el caso del tercer documento, no tiene los días de plazo que puede durar el estado de sitio y deja esa decisión al Órgano Ejecutivo que tendrá que emitir un decreto que reglamente esta ley y tendrá los detalles de toda la operación.
“Las órdenes emitidas al amparo del estado de excepción no eximen de responsabilidad penal, civil ni disciplinaria a quienes las ejecuten cuando sean manifiestamente contrarias a la Constitución Política del Estado, al bloque de constitucionalidad o a los derechos humanos”, señala este proyecto y la redacción es similar en las tres propuestas.
Los documentos también establecen un máximo de 10 días hábiles para que el Ejecutivo informe a la Asamblea, después de que se haya cumplido el periodo de vigencia del estado de sitio, e informe sobre las acciones, las consecuencias y la situación en el país.
En 2020 la presidenta Jeanine Áñez no esperó una ley y promulgó el decreto 4078 que fue utilizado para juzgarla y que sirvió también para procesar a los jefes militares, aunque luego esos procesos fueron anulados en el Gobierno actual.