Ministerio de Gobierno instruye investigación contra 'ponchos rojos' por alzamiento armado y terrorismo
El viceministro Ríos señala que la investigación debe llegar no sólo a aquellas personas que se organizaron para difundir los videos portando armas, sino también contra los autores intelectuales
En el comienzo del bloqueo de algunas carreteras de La Paz, en demanda de la renuncia del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, empezaron a circular videos con imágenes de algunos campesinos 'ponchos rojos' y encapuchados con armas de fuego.
El hecho fue calificado por el Gobierno como un acto de intimidación en contra de la población boliviana e incluso se dispuso el inicio de una investigación penal.
“Lamentamos que nuevamente el señor Evo Morales y sus grupos afines estén generando (…) esa sensación de temor, a partir de los videos que han circulado desde el día de ayer (domingo 15 de spetiembre) y donde ya nuestro hermano ministro de Gobierno (Eduardo Del Castillo) ha instruido que se realice una investigación, considerando que salen personas portando armas”, informó este lunes el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.
Agregó que “los delitos por los cuales se debe investigar son: alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, instigación pública a delinquir, terrorismo, tenencia y portación pública de armas de fuego y, finalmente, por atentado contra la seguridad de los servicios públicos”.
El bloqueo de carreteras en algunos puntos del departamento de La Paz es protagonizado por la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari”, liderada por el dirigente David Mamani.
“David Mamani es una de las personas seguidoras de Evo Morales y está promoviendo estos escenarios de violencia que pretende generar luto en el pueblo boliviano porque no olvidemos que su demanda principal es la renuncia (de los mandatarios del país)”, señaló Ríos.
El viceministro aseguró que el país está “ante una evidente amenaza e intento de golpe de Estado”.
“En ese sentido, la investigación debe llegar no sólo a aquellas personas que se organizaron para difundir estos videos portando armas, sino también contra los autores intelectuales”, puntualizó Ríos.
