El presidente Rodrigo Paz ratificó su apuesta por un diálogo que desactive la crisis que atraviesa el país, en momentos en los que el conflicto ingresa al día 27 con La Paz afectada por el desabastecimiento, protestas ciudadanas por la escasez y el hambre que ya golpea a las familias más vulnerables. En ese contexto, una nueva resolución judicial ordenó al Ejecutivo habilitar inmediatamente corredores humanitarios.
“La metodología del diálogo es más valiente que las armas”, afirmó el mandatario para defender la concertación como la vía para resolver estas tensiones que —en menos de un mes— escalaron desde demandas sectoriales hasta pedidos para el acortamiento de su mandato.
Pero, la Sala Constitucional Segunda de La Paz determinó ayer que el “bloqueo absoluto” no está amparado por el derecho a la protesta cuando vulnera derechos fundamentales como la salud, la alimentación y la libre circulación, e instruyó la inmediata apertura de corredores humanitarios.
El fallo, el segundo de este tipo emitido en menos de una semana, se produjo en medio de un notable deterioro de la situación en La Paz y El Alto, donde la principal preocupación ciudadana pasa por llenar la olla para alimentar a las familias.
De hecho, ayer comerciantes gremialistas protagonizaron una multitudinaria marcha en el centro paceño con banderas blancas y ollas vacías para exigir una tregua que permita normalizar el abastecimiento, especialmente de comida e insumos que se producen en Santa Cruz y Cochabamba. En los centros de abasto, la carne de pollo, además de lácteos han desaparecido, según relataron los movilizados.
Sin embargo,y mientras se desarrollaba esa protesta, un grupo de manifestantes que presiona para derrocar al Gobierno, bloqueó por segundo día consecutivo el acceso principal al aeropuerto internacional de El Alto, afectando a pasajeros y al transporte de encomiendas que llegan con alimentos para las familias afectadas por el cerco.
Por su lado, la Cámara de Diputados sancionó anoche la abrogación de la Ley 1341 que limitaba la aplicación del estado de excepción, una figura constitucional aplicable en casos de conmoción interna o amenaza grave al orden público. El diputado Carlos Alarcón, quien impulsó esa iniciativa, aseguró que para preservar el orden y los derechos de todos los ciudadanos basta la aplicación de la Constitución.
En ese sentido, sectores que reclaman una respuesta más firme consideran esa herramienta clave para restablecer el control territorial. El Gobierno, por su lado, convocó para hoy al Consejo Económico y Social, con participación de sectores sociales, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó —al inicio de esta semana— que la mayoría de los sectores convocados confirmó su asistencia y reiteró que la salida pasa por “el diálogo, la concertación y el trabajo conjunto”. A pesar de esta convocatoria, anticipada por el propio Paz la pasada semana, el vicepresidente Edmand Lara anunció ayer a través de un comunicado de su despacho la instalación de una mesa paralela de diálogo. Antes, Lara había condenado la supuesta “represión” de las fuerzas del orden durante la apertura de un corredor humanitario que también había sido instruido por un fallo judicial.
La vía legal ante la renuncia del presidente encarga al vicepresidente que asuma esa responsabilidad. Pero desde los sectores que exigen el acortamiento del mandato de Rodrigo Paz tampoco existe una voz de confianza y hay dudas sobre el futuro institucional del país ante ese escenario político complejo. “Hemos votado por Lara, pero nos ha traicionado; no hizo nada por nosotros”, dijo la dirigente campesina Esther Chura, quien además pidió nuevas elecciones como efecto de las medidas de presión marcadas por los bloqueos.
En las carreteras, el conflicto continúa. Ayer, la Policía recuperó parcialmente el control de Parotani, en Cochabamba. En Chuquisaca, organizaciones campesinas iniciaron nuevos bloqueos escalonados, mientras en el Chapare, el enclave político de Evo Morales, se mantiene una “vigilia” a un cuartel militar.