El anuncio de bloqueo de carreteras de parte de organizaciones sociales afines a Evo Morales continúa generando una serie de reacciones en el Gobierno

19 de enero de 2024, 15:36 PM
19 de enero de 2024, 15:36 PM

A tres días del anunciado bloqueo 'evista' de carreteras, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, consideró este viernes que, a través de la generación de este problema, se busca propiciar en Bolivia “un golpe de Estado, desestabilización, convulsión y acortamiento de mandato” del presidente Luis Arce.

Las organizaciones sociales afines al expresidente Evo Morales ratificaron que realizarán un bloqueo indefinido de carreteras desde el próximo 22 de enero en demanda de la renuncia de los magistrados prorrogados y en solicitud de elecciones judiciales.

Sin embargo, Prada recordó que la responsabilidad de la preselección de los candidatos para las elecciones judiciales corresponde a la Asamblea Legislativa y que en ese proceso “se cometieron una serie de entorpecimientos”.

Esa situación, según la ministra, ocurrió por intereses políticos de algunos asambleístas que, en su criterio, “claramente han buscado entorpecer” y hacer fracasar dicho proceso de preselección de postulantes.

En ese sentido, también dijo que, en realidad, “el interés por parte de algunas personas, que hoy se embanderan el nombre de la justicia en sus bocas, no es un compromiso real con la justicia para el pueblo, sino un interés político de generar un conflicto vinculado a una clase política y grupos específicos”.

Estos grupos “coinciden en agenda, coinciden en intereses, buscando cuotearse la justicia y, desde la generación de un problema judicial, propiciar un golpe de Estado en nuestro país, propiciar una desestabilización, propiciar una convulsión, propiciar un acortamiento de mandato y propiciar un enfrentamiento nuevamente entre los bolivianos”, sostuvo.

No obstante, ratificó que el Gobierno considera que se deben llevar adelante las elecciones judiciales como establece la Constitución, aunque las mismas no vayan a resolver, “por arte de magia”, el problema estructural de la justicia boliviana.

Entonces, “lo ratifico como Órgano Ejecutivo, que las elecciones judiciales deben llevarse adelante, que la preselección debe llevarse adelante en el marco de lo que establece la Constitución y sin que intereses políticos busquen (…) llevar adelante un golpe de Estado en nuestro país, una ruptura de orden constitucional, un acortamiento de mandato a partir de la generación de bloqueos”, reiteró.