Las mesas siguen ahí. También los cocineros, los meseros y las cocinas encendidas. Lo que falta son clientes, insumos y certezas. En La Paz, los restaurantes se han convertido en uno de los termómetros más precisos de una economía que empieza a resentir el impacto de más de siete semanas de conflicto.
“Más de cuarenta días que no nos dejan trabajar. Sentimiento de pena y frustración. Bolivia nos quiere ver trabajando”, resume Juan Carlos Delgado, propietario de Hasta la Vuelta. Su voz refleja una preocupación que atraviesa buena parte del sector gastronómico paceño.
Daniela Gallardo, de El Pueblo del Pique, advierte que la situación llegó a un punto crítico. “Nuestro sector gastronómico no va a poder aguantar una semana más. Todas nuestras operaciones están en riesgo, como también nuestras fuentes de empleo”, afirma.
La presión no proviene únicamente de la caída de clientes. También golpea desde la cadena de abastecimiento. Ernesto Olivares, del restaurante La Capital, asegura que algunos insumos desaparecieron del mercado y otros triplicaron su precio. Diego Benítez, de Don Limón, reconoce que mantener los precios actuales ya no es sostenible. “Han aumentado los precios, se han triplicado algunos productos, ni los encuentras. Para seguir subsistiendo voy a tener que aumentar los precios”, sostiene.
Noel Orozco va más allá. Según su evaluación, cerca del 50% de los negocios gastronómicos de La Paz y El Alto están cerrados o al borde del colapso. “Los restaurantes estamos al borde del colapso”, advierte.
En las carreteras, el panorama es igual de complejo. Silvia Quevedo, dirigente del transporte pesado, describe la situación como un “infarto logístico”. Más de 5.000 camiones permanecen detenidos en diferentes rutas del país mientras miles de contenedores acumulan retrasos que afectan al comercio exterior. Según sus cálculos, más de 450.000 empleos están en riesgo por la paralización de actividades vinculadas al transporte y la producción.
Las historias de empresarios, transportistas y trabajadores encuentran respaldo en los números. Hugo Siles, asesor de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), estima que las pérdidas acumuladas para la economía boliviana alcanzan los 2.500 millones de dólares. La entidad calcula además una caída superior al 20% en las exportaciones y una reducción de entre dos y dos puntos y medio en la tasa de crecimiento económico prevista para este año.
Para la CNI, la discusión ya no pasa únicamente por cuantificar daños. La preocupación es evitar que la desaceleración económica se transforme en una crisis prolongada de empleo e inversión. Por ello presentó un plan de recuperación que combina medidas de alivio tributario, facilidades crediticias, incentivos al consumo de productos nacionales y la creación de un fondo de reactivación respaldado por organismos multilaterales.
La propuesta incluye además un Bono Familia de Bs 1.000 destinado a estimular el consumo interno y una nueva Ley de Inversiones orientada a recuperar la confianza empresarial. Para la industria, el desafío inmediato es impedir que la paralización económica deje secuelas permanentes sobre la producción y el empleo.
Pero detrás de las cifras existe un factor más difícil de medir. Gonzalo Morales, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, intentó resumirlo en tres palabras: “Bolivia está agotada”,
Agotada de los conflictos, de las filas por combustible, del aumento de precios y de una incertidumbre que golpea por igual a empresas y familias.
Morales asegura que la población ya no discute quién tiene la razón. La pregunta que escucha en fábricas, comercios y hogares es otra: cuándo será posible volver a la normalidad. Cuándo se podrá producir, invertir y trabajar sin que una nueva crisis interrumpa los esfuerzos de miles de bolivianos.
La economía sigue funcionando, pero cada vez con más dificultad. Los restaurantes abren aunque faltan productos. Los camioneros permanecen junto a sus vehículos esperando avanzar. Las empresas intentan sostener empleos mientras calculan pérdidas. La actividad productiva aún resiste, pero el margen se estrecha. Los números dejan de ser estadísticas para convertirse en negocios cerrados, inversiones suspendidas y familias que no saben cómo llegar a fin de mes, la crisis deja de ser un conflicto político para convertirse en un problema de todos.