Sacaba y Senkata: Fiscalía presenta acusación contra Jeanine Áñez por "genocidio" y pide 30 años de cárcel

El Ministerio Público presentó este lunes la acusación formal en contra de la expresidenta Jeanine Áñez, varios de sus excolaboradores, además, de exjefes militares y policiales, por las muertes de Sacaba y Senkata durante la crisis de 2019.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que la acusación, en ambos casos, es por el delito de genocidio y que se está pidiendo una pena máxima de 30 años de cárcel.

Sacaba

El 15 de noviembre de 2019, un grupo de marchistas proveniente del Trópico de Cochabamba fue impedido en su paso en el puente Huayllani, de Sacaba, donde, según confirmó Lanchipa, "fue reprimido violentamente por un contingente policial y militar que se encontraba desarrollando operaciones conjuntas".
 
Señaló que en el hecho perdieron la vida 10 personas por impactos de proyectiles de armas de fuego y "múltiples personas" resultaron heridas en las mismas condiciones.

"La ciudadana Jeanine Áñez tomó contacto con el alto mando de las Fuerzas Armadas, así como de la Policía, en el instante mismo en el que los operativos conjuntos se desarrollaban en el municipio de Sacaba", aseguró Lanchipa.

Añadió que estos hechos se encuentran debidamente acreditados con los elementos de prueba que se colectaron en el proceso investigativo y que ahora forman parte de las pruebas.

Según el fiscal, se recibieron 180 entrevistas informativas de efectivos militares, 110 entrevistas de funcionarios policiales y la declaración de 120 personas civiles que participaron en la marcha.

También se recopiló "una cantidad considerable de las pruebas documentales, entre informes, oficios, planes de operaciones, diarios de campaña, etcétera, que suman 350 (y que serán presentadas) en el juicio oral (junto a) 10 protocolos de autopsia, informes médicos e historiales clínicos, 18 dictámenes periciales, entre otros elementos", detalló.

Es así que se ha formulado la acusación fiscal en contra de: la expresidenta Áñez; Luis Fernando López, exministro de Defensa; Arturo Murillo, exministro de Gobierno; Sergio Carlos Orellana, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas; Pablo Arturo Guerra Camacho, exjefe de Estado Mayor de las FFAA; Ciro Orlando Álvarez, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB); Moisés Orlando Mejía, excomandante de la Armada Boliviana; Iván Patricio Inchauste Rioja, excomandante del Ejército; Aldo Bravo Méndez, exinspector de las FFAA; Alfredo Cuéllar Mercado, excomandante del CEO Cochabamba; Genero Ramos Espinoza, excomandante de la Séptima División del Ejército; Óscar Armando Caba Hurtado, excomandante de la Segunda Brigada Aérea; Boris Cristian Pastor Paz, excomandante del Grupo Aéreo de Artillería y Defensa Antiaérea 92; Franz Vargas Gonzales, exsubcomandante del Grupo Aéreo de Artillería y Defensa Antiaérea 92; Danny Osvaldo Cuadro Rojas, excomandante del Regimiento de Infantería Aerotransportada 18 'Victoria'; Israel Rojas Valverde, exjefe del Grupo Contra Actos de Interferencia Ilícita; Rodolfo Antonio Montero, excomandante general de la Policía Boliviana; Jaime Edwin Zurita Trujillo, excomandante departamental de la Policía de Cochabamba.

"Todos ellos (son acusados) por la comisión del delito de genocidio (...) y a la conclusión del juicio oral se solicitará una sentencia condenatoria con la pena máxima de 30 años de privación de libertad", confirmó.

Senkata

El 19 de noviembre de 2019 ocurrió otro hecho con muertos y heridos, pero en la zona Senkata de la ciudad de El Alto. Al igual que en Sacaba, efectivos policiales y militares operaron de manera conjunta en el sector en contra de un grupo de manifestantes que impedía la salida de combustibles de la planta de YPFB.

En "esta operación se ejecutó 31 acciones desproporcionadas de represión, a través del uso de armas y municiones de guerra, vehículos mecanizados blindados, además de helicópteros, aviones, en contra de manifestantes civiles desarmados", señaló.

En el hecho perdieron la vida otras 10 personas y también hubo heridos, "todos por el impacto de proyectiles de armas de fuego. (Entonces) tal cual como acontenció en Sacaba, (hubo) el incumplimiento de los principios de necesidad, proporcionalidad, discriminación, racionalidad (...) para el uso de la fuerza", sostuvo.
 
En el proceso investigativo, según el fiscal, se colectaron alrededor 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales y 11 informes técnicos. Asimismo, se recibieron 126 entrevistas informativas de miembros de las FFAA, 30 entrevistas de los efectivos policiales, 50 entrevistas de las víctimas y ocho entrevistas a funcionarios de YPFB, entre otros elementos.

Con todo ello, el Ministerio Público también procedió a acusar por genocidio a la expresidenta Áñez; Arturo Murillo, exministro de Gobierno; Luis Fernando López, exministro de Defensa; Víctor Hugo Zamora, exministro de Hidrocarburos; Luis Fernando Valverde, exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos; Sergio Carlos Orellana, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas; Pablo Arturo Guerra Camacho, exjefe de Estado Mayor; Aldo Bravo Méndez, exinspector de las FFAA; Moisés Orlando Mejía, excomandante de la Armada Boliviana; Ciro Orlando Álvarez, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB); Iván Patricio Inchauste Rioja, excomandante del Ejército; Franco Orlando Suárez, excomandante de la Mecanizada 1; Julio César Tamayo Rivera, exsubjefe del Departamento Tercero Logística; Miguel Eduardo Santiesteban, exsubcomandante del Regimiento de Satinadores 1 "Germán Busch" de Challapata; Alfredo Mario Irrazabal Guzmán, exsubcomandante de la Escuela de Cóndores de Bolivia; Rodolfo Antonio Montero, excomandante general de la Policía Boliviana; Julio William Cordero, excomandante departamental de la Policía de La Paz; Eloy Iván Rojas, excomandante regional de la Policía de El Alto.

Asimismo, "se solicitará la imposición de una sentencia condenatoria con la pena máxima de 30 años" en contra de los acusados, informó.