Fesirmes exige acción del Ministerio Público tras intoxicación de brigadistas; la califica como "atentado a la salud pública con múltiples víctimas"

La Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud (Fesirmes) solicitó, este lunes, la intervención del Ministerio Público ante lo que consideran un grave atentado a la salud pública. La solicitud se produce tras la intoxicación masiva de más de 200 brigadistas que participaron el fin de semana en la campaña de vacunación contra la rabia canina.

Rocío Rivera, secretaria general de Fesirmes, denunció que los brigadistas recibieron alimentos en estado de descomposición durante la campaña.

 “Muchos de los alimentos presentaban un olor fétido y estaban infestados de larvas de moscas. Gracias a que algunos brigadistas notaron el estado de la comida, evitaron consumirla, pero otros no tuvieron esa suerte”, explicó Rivera. Esta situación provocó síntomas graves en 30 personas que requirieron hospitalización.

Dudas sobre el proceso de contratación

Rivera criticó la falta de transparencia en la contratación del catering, ya que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) se rehúsa a revelar el nombre de la empresa que proporcionó los alimentos en mal estado y la información no figura en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

A decir de Rivera, la contratación de este servicio supera los Bs 260 mil.

"No entendemos por qué se quiere mantener el nombre de la empresa en secreto cuando hay un atentado contra la salud pública con múltiples víctimas y que, por lo tanto, debería denunciarse y quienes contrataron deberían haber realizado ya la denuncia contra la empresa", señaló Rivera.

Además, cuestionó que no se trata de una "transgresión alimenticia", como dijo el Sedes, si no de una "intoxicación", de la que se debe identificar a los responsables. 

"Nos sorprende que se quiera minimizar este problema. Son 200 personas que estaban trabajando de manera voluntaria y que no merecían ese trato, que no merecían ser intoxicados por una alimentación contratada por una autoridad departamental. Entonces, es lamentable querer tapar a la empresa, querer minimizar el problema", sostuvo. 

En ese sentido, hizo un llamado al Ministerio Público para que tome cartas en el asunto para garantizar que se establezcan responsabilidades tanto administrativas como penales.

"Esperamos que sea el Ministerio Público el que intervenga porque esto es un delito de orden público y esperamos, obviamente, que se llegue al fondo tanto en el tema administrativo de quienes realizaron la contratación como en el tema penal de las múltiples víctimas que tuvieron este problema sanitario", dijo.

Rivera también recordó que esta no es la primera vez que sucede un caso como este. En el pasado, hubo una situación similar con un catering que ofreció alimentos en mal estado al personal de salud; señaló que existe la sospecha de que podría tratarse de la misma empresa.