La Fiscalía de Santa Cruz identificó a presuntos reclutadores de bolivianos enviados a Rusia con falsas promesas de empleo y advirtió que el número de víctimas podría ser significativamente mayor a las 16 personas reportadas hasta el momento. Las investigaciones también permitieron individualizar a los dos sospechosos que permanecen arrestados con fines investigativos y cuya situación jurídica será definida en las próximas horas.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que las pesquisas revelan la existencia de otras posibles víctimas que habrían viajado junto a los bolivianos ya identificados, por lo que la magnitud del caso aún está en proceso de determinarse.
"Tenemos identificados, de acuerdo al avance investigativo, a ciertos presuntos autores que hubiesen captado a estas presuntas víctimas. El número real de víctimas podría ser considerablemente mayor", afirmó la autoridad.
Según explicó, la investigación reúne múltiples elementos probatorios, entre ellos el desdoblamiento de llamadas telefónicas, conversaciones por aplicaciones de mensajería, audios, flujos migratorios, registros de cámaras de seguridad y análisis de redes sociales, donde presuntamente se realizaba la captación de los ciudadanos.
Zeballos señaló que también se solicitaron requerimientos especializados de ciberpatrullaje para identificar direcciones IP y reconstruir la actividad digital de los presuntos reclutadores.
La investigación se desarrolla dentro de los tres procesos abiertos por el presunto delito de trata de personas con fines de reclutamiento para conflictos armados. Actualmente hay dos personas aprehendidas en Santa Cruz.
¿Cómo operaban los reclutadores?
De acuerdo con la Fiscalía, las víctimas eran convencidas mediante ofertas de empleo con elevados salarios y promesas de desempeñar labores civiles en Rusia.
"La promesa era económica. Se les ofrecía trabajar como guardias de seguridad, albañiles o en granjas; sin embargo, posteriormente fueron incorporados a entrenamiento militar", explicó Zeballos.
La autoridad agregó que varios de los testimonios y videos difundidos en redes sociales muestran a algunos bolivianos despidiéndose de sus familias antes de ingresar a zonas de combate, mientras circulan versiones sobre posibles fallecimientos que aún no fueron confirmados oficialmente.
Por ello, la Fiscalía solicitó certificados de defunción y documentación oficial a través de mecanismos de cooperación internacional para verificar la autenticidad de esa información.
Como parte de las diligencias, el Ministerio Público requirió información al Ministerio de Relaciones Exteriores para establecer qué acciones consulares fueron ejecutadas en favor de los bolivianos involucrados.
Entre los informes solicitados figuran el registro de gestiones realizadas por la Cancillería, eventuales solicitudes de asistencia o repatriación presentadas por las víctimas o sus familiares y toda la documentación relacionada con la protección consular.
Zeballos señaló que esta coordinación permitirá fortalecer la investigación y facilitar la cooperación internacional necesaria para ubicar a las personas reclutadas y establecer la responsabilidad de quienes organizaron la captación y traslado de ciudadanos bolivianos hacia el conflicto entre Rusia y Ucrania.