TCP falla a favor de la acción de protección y privacidad del fiscal Mariaca, ante acusaciones impulsadas por Cuéllar
En agosto, el diputado del MAS Rolando Cuéllar fue aprehendido y pasó la noche en celdas policiales por incumplir la acción de protección y privacidad
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia ratificó la resolución que emitió la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia a principios de 2024 cuando concedió la tutela en favor del fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca por la acción de protección de privacidad que interpuso en contra del diputado del MAS, Rolando Cuéllar.
El fallo del TCP fue notificado desde Sucre, a ambas partes, el 10 de octubre. Ese documento confirma lo dispuesto por los vocales de la Sala Constitucional Primera, que conminó a Cuéllar a que se abstenga de mellar la dignidad de Mariaca como de su familia en los medios de comunicación o redes sociales, y da potestad, a su vez, que en caso de incumplimiento nuevamente pueda ser aprehendido.
A mediados de agosto, Rolando Cuéllar fue aprehendido por la Fiscalía y agentes de Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) por no acudir a declarar en tres oportunidades, en calidad de imputado, por el incumplimiento a la acción de privacidad. Aquella vez, el diputado pasó la noche en celdas del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (DELCC) y tras recobrar su libertad, dijo que continuaría con su rol fiscalizador.
La fiscal asignada al caso, Yolanda Aguilera, investiga al diputado ‘arcista’ por divulgar información personal del fiscal Mariaca en sus redes sociales, a pesar de una acción de privacidad vigente. El parlamentario enfrenta cargos por desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, debido al incumplimiento de la orden judicial.
El diputado del MAS acusó en reiteradas ocasiones a la autoridad de la Fiscalía de presuntamente beneficiar a la exalcaldesa Angélica Sosa en sus diversos procesos, como el caso denominado ítems fantasmas.
Además, el asambleísta ‘arcista’ sentó una denuncia por otros tres delitos e incluso solicitó la intervención en la Fiscalía y pidió que el fiscal departamental sea encarcelado. Hasta el momento, ninguna de las denuncias públicas vertidas por el político han sido documentadas.
Prohibiciones
Entre la resolución de la justicia y que fue confirmada por el TCP, está de que el parlamentario del MAS elimine en sus redes sociales sobre la divulgación de informes emitidos por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que gozan de carácter confidencial y reservado, por contener adjetivos que generan vulneración a los derechos de privacidad del accionante, a la intimidad, a la honra, al honor, a la propia imagen y a la dignidad personal-familiar.
También ordena al demandado a abstenerse de publicar cualquier dato registrado por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático en medios de comunicación masivo y/o redes sociales de cualquier índole de los archivos o bancos de datos públicos o privados que afectan a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad.