A 24 horas del día de votación para elegir a nuevas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), los magistrados prorrogados de esta instancia rompieron el silencio y apuntaron a la Asamblea Legislativa por el retraso de un año en las elecciones judiciales, e identificaron al menos cuatro irregularidades en la preselección de candidatos, lo que derivó en 61 acciones o amparos.
El nuevo presidente del TCP, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, leyó un mensaje en el que informan de su reunión con la misión de observadores de la OEA y anunció que presentará un “informe completo” a la misión de observadores, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “y a todas las instancias pertinentes un documento altamente técnico y con todo el respaldo documental para demostrar cómo se intentó politizar un proceso que no cumplió con criterios de meritocracia, equidad de género y plurinacionalidad”.
Para el TCP, “la Asamblea Legislativa no solo no cumplió en tiempos en la convocatoria, sino que (…) todo el proceso de preselección de candidatos estuvo plagado de denuncias e irregularidades”, mismas que según el TCP eran impulsadas por actores políticos.
Entre esas irregularidades, el TCP menciona los audios filtrados de asambleístas para favorecer a candidatos, “asambleístas haciendo muecas en el examen oral con la presunta finalidad de apoyar a sus candidatos”. También recuerda que la Asamblea habilitó candidatos aplazados para cumplir el requisito de género y presencia indígena.
Hurtado en su mensaje, eludió referirse a la decisión de autoprorrogarse en sus cargos más allá de lo que manda la Constitución, pero defendió su permanencia ante intentos de los actores políticos, que según Hurtado buscaban reemplazarlos “por autoridades designadas desde poderes políticos”.
Tampoco mencionó que con su sentencia en la que ordenó al TSE realizar elecciones parciales, vulneró el principio de preclusión electoral.
Asimismo, en tono de advertencia al país, Hurtado dijo: “No vamos a guardar más silencio sobre las acusaciones falsas que se realizan a la institución y sus miembros, tengan la certeza que vamos a estar sustentando con plena solvencia constitucional nuestras decisiones”.
Desde hace un año, todas las sentencias y autos de los magistrados prorrogados, se sujetan en el artículo 203 de la Constitución Política que dice que las decisiones y sentencias del TCP son obligatorias y vinculantes, y no se puede presentar ningún recurso ordinario ulterior. El Gobierno defiende a capa y espada al TCP y sus fallos citando ese artículo.
Pero también hay otros artículos en la CPE, por ejemplo, los 196, 198 y 183 que establecen las funciones de los magistrados del TCP y que “su periodo de mandato será de seis años”.
Asimismo, el artículo 122 de la Constitución dice que “son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen”.
Este domingo 15 de diciembre se realizan las elecciones judiciales en el país. En el caso de Santa Cruz se votará por las candidaturas del Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Supremo de Justicia.