Mientras la audiencia cautelar del alcalde de Achocalla, Manuel Condori, se postergaba hasta este miércoles y sus afines exigían su libertad bajo advertencia de bloquear el botadero municipal si continuaba detenido; su par de La Paz, Iván Arias, sufría una descompensación en plena supervisión de obras en Bajo Llojeta, donde 10 días después del suceso, el lodo no puede ser levantado en su totalidad.


“Qué puede pensar usted, si de víctima ahora aparece como victimario; si después de ser testigo aparece como acusado; ¿quién estuvo desde un principio en el lugar?, yo llegué 45 minutos después del hecho”, dijo Arias momentos antes de sufrir una descompensación y ser retirado, luego, en un vehículo de emergencia.


El sábado 23 de noviembre el desborde del río Pasajahuira en la zona sureste de la ciudad de La Paz provocó una mazamorra que enterró unas 40 viviendas y ocasionó la muerte de la pequeña Camila de 5 años. La muerte de la menor agravó el caso y la fiscalía decidió la apertura de un proceso; pero paralelamente los dos municipios presentaron denuncias contra los responsables.


“48 horas después hemos presentado a la Fiscalía una denuncia contra los autores de esta mazamorra. El trámite está ahí, en la Fiscalía, esperemos que se tomen las medidas que se tienen que tomar contra los autores”, recordó Arias.


Achocalla


Mientras la audiencia cautelar del alcalde Manuel Condori Quispe se suspendía hasta mañana, porque la imputación fue presentada a destiempo ante la autoridad judicial, cientos de los adherentes del munícipe llegaban hasta las puertas del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz exigiendo la libertad del alcalde Condori.


“El botadero municipal de La Paz está en nuestra jurisdicción y si no dejan en libertad a nuestro alcalde, con todas nuestras bases vamos a bloquear de forma indefinida el botadero”, advirtió una de las autoridades comunales.


El alcalde Condori Quispe fue aprehendido la tarde del lunes y este martes fue imputado por el delito de incumplimiento de deberes, pues fue el que autorizó la remoción de terreno que provocó el desborde del río y la posterior mazamorra que enterró un barrio en la zona de Bajo Llojeta.  


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