El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó este miércoles que el departamento de Santa Cruz ganó un escaño parlamentario, mientras que Chuquisaca perdió uno. Con esta modificación, el ente electoral enviará esta jornada al Legislativo el proyecto de ley de la nueva redistribución de escaños parlamentarios.
“Un departamento gana un escaño, el departamento de Santa Cruz, y sería el departamento de Chuquisaca que perdería ese escaño”, precisó el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, y agregó que este cálculo “ha sido eminentemente técnico y se ha basado en la información oficial que ha sido remitida por el Instituto Nacional de Estadística”.
En ese marco y de acuerdo al cálculo del ente electoral, Santa Cruz tendría 29 escaños y Chuquisaca se quedaría con nueve de los 10 que posee en la actualidad.
El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, adelantó a EL DEBER que este ajuste en la representación parlamentaria por escaños, sería mínimo y no afectará a las diputaciones uninominales, solo a los plurinominales. “No se van a afectar las circunscripciones uninominales, éstas se mantienen intactas, solamente habrá una pequeña variación en lo que hace a los diputados plurinominales”, decía Tahuichi.
No obstante, antes de siquiera conocer el contenido del proyecto de ley de redistribución de escaños, parlamentarios de oposición de Santa Cruz y Chuquisaca, adelantaron a EL DEBER que no aprobarán este ajuste en la representación parlamentaria.
El diputado chuquisaqueño Walter Pablo Arizaga (CC) afirmó que el rechazo al proyecto de ley no es porque su región pueda quedarse con un curul menos en el Parlamento, sino porque aprobar esta modificación, sería igual que validar los resultados del Censo 2024 que emitió el INE hace un mes y que fueron ampliamente observados por numerosos sectores.
“Si hubiéramos tenido transparencia en el Censo, aprobaría el proyecto de ley. Yo creo que ni siquiera vamos a llegar a la discusión del proyecto de ley, por las observaciones que se tiene al Censo, creo que no va a haber aprobación en la Asamblea porque todo se va a entrabar al momento que se quieran validar los resultados del censo”, dijo Arízaga.
El 29 de agosto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó los datos de población que arrojó el Censo de población y vivienda. Según esos resultados, Bolivia tiene 11.312.620 personas, cifra que está por debajo de la proyección poblacional que calculó el mismo INE en 2022 con 12.006.031 habitantes.
Según el INE, Santa Cruz tiene 3.115.386 habitantes, es decir, 457.762 más que en el Censo 2012, cuando contabilizaron a 2.657.762.
En tanto, Chuquisaca que perdió un escaño tiene 600.132 habitantes, 18.995 más que en el censo de 2012 cuando tenía a 581.347 personas. Esta región fue la que menos creció en población en todo el país, siempre según el INE.
Los resultados del Censo no convencieron a las regiones, en especial a los del eje central que esperaban cifras por encima de los datos finales, máxime tomando como base las proyecciones que el propio INE presentó en 2022.
La diputada cruceña Luisa Nayar (CC) apuntó directamente al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) y lo acusó de cometer una nueva afrenta contra su departamento dándole solo un escaño, cuando, según ella, esta región merece por lo menos tres escaños adicionales. “No vamos a aceptar este proyecto de ley trucho, no vamos a aceptar el fraude y no vamos a aceptar el manoseo hacia nuestro departamento”, dijo.
Desde el Comité pro Santa Cruz, su presidente Fernando Larach Santistevan, ratificó que la entidad rechaza los resultados del Censo que “no demuestra la realidad del país en crecimiento poblacional. El INE y el Gobierno nacional le están robando a los nueve departamentos”.
Dijo también que ahora la decisión política corresponde a los asambleístas nacionales. De ellos depende el éxito o fracaso del proyecto de ley presentado por el TSE.
La única salida real que ve Larach es que la oposición que está más fragmentada que el MAS, deje sus intereses individuales y se una en un solo bloque para ganar las elecciones de 2025 y una vez en el Gobierno, realizar un censo transparente.
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