Tras las elecciones judiciales parciales, Bolivia cuenta con 19 nuevos magistrados para el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), las nuevas autoridades tienen una legitimidad del 64,3% de votos válidos frente a un 35% de blancos y nulos, según el último reporte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
No obstante, la crisis en el sistema judicial persiste y se agrava con la auto prórroga de los cinco magistrados del TCP que insisten en mantenerse en sus cargos, hecho que alarma hasta a la propia Organización de Estados Americanos (OEA) que pide a todas las instancias del Estado asumir acciones urgentes para acabar con esa auto prórroga que viola la Constitución Política.
El rol de los magistrados prorrogados también causa desencuentros en el Gobierno de Luis Arce, ya que mientras el ministro de Justicia, César Siles afirmó que con la elección judicial y en cumplimiento al auto constitucional 049/2023, llegó el fin de la prórroga de estos funcionarios, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, contradice a la autoridad al afirmar que para cambiarlos se debe convocar a elecciones.
El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, al anunciar que se concluyó con el cómputo oficial a nivel nacional en las judiciales parciales, destacó el porcentaje de participación de la ciudadanía habilitada para votar, además de que contra todo pronóstico, el voto nulo y blanco fue bajo en relación a la elección de 2017.
“La participación, de la ciudadanía ha llegado a un porcentaje bastante alto con el 82% del total de los ciudadanos habilitados, y más importante todavía resaltar que el resultado de la votación nos muestra un cuadro completamente diferente a lo que se produjo en la elección anterior (…) En esta elección, los votos válidos alcanzaron el 64,29 % y los votos blancos y nulos escasamente llegan al 35%”, precisó Hassenteufel.
En las elecciones judiciales de 2017 los votos blancos y nulos alcanzaron el 65% y los votos válidos eran tan solo el 35%.
El mismo día de las judiciales parciales, el ministro Siles, con base en la declaración constitucional 049/2023, que establece la prórroga de estos magistrados y dice que la misma será hasta la elección judicial, precisó que como ya hubo judiciales, “por más que haya sido parcial o casi completo, ha terminado el mandato de los anteriores magistrados”.
En esa línea, la misión de observación electoral de la OEA, objetó el rol de los magistrados prorrogados del TCP e hizo “un llamado enérgico” al país a buscar, de manera urgente, una solución que permita concluir con la selección de las autoridades cuyos cargos están pendientes.
“La misión de observación electoral de la OEA no puede dejar de llamar la atención respecto a la situación creada por los magistrados del TCP que han extendido su mandato más allá del plazo establecido en la Constitución y que, a través de decisiones, en las que incluso intervinieron, retienen una mayoría en dicho Tribunal”, se lee en el informe.
La postura de la entidad internacional molestó a los magistrados prorrogados que se adelantaron a responder que no dejarán esos cargos y habló del “cumplimiento” de la Constitución Política del Estado.
“El compromiso del Tribunal Constitucional y sus magistrados (es) que seguirán trabajando para lograr el cumplimiento de nuestra constitución política del Estado”, afirmó el presidente del TCP, Gonzalo Miguel Hurtado.