Los representantes de las ciudades capitales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, además del municipio de El Alto, que reúnen a casi cuatro millones de habitantes, rechazaron los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024, exigieron una auditoría al trabajo del INE, dieron plazos, anunciaron que verificarán los datos e incluso demandaron que se anule este recuento y se haga otro censo.
A este escenario se suma la alerta que dio el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, en sentido de que esa región puede perder un escaño parlamentario en la nueva redistribución que hizo el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que días atrás anunció que Santa Cruz y La Paz quedaron empatados con la misma cantidad y un tercer departamento perdió, pero no quiso adelantar cuál es el afectado.
De acuerdo a los datos del último censo, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra tiene 1.606.671 habitantes; La Paz está con 755.732; Cochabamba tiene 661.484 y El Alto alberga a 885.035 personas. En total, estas cuatro ciudades tienen 3.908.922, sin tomar en cuenta a los municipios aledaños con los que en cada departamento se forman grandes metrópolis.
En toda esta región las ciudades capitales no creen en los datos del INE, más porque las cifras de crecimiento que dio están muy por debajo de las proyecciones que el mismo INE dio en 2022.
Es así que la primera región que reaccionó con medidas concretas es Santa Cruz donde todas las instituciones públicas y privadas que conforman la Asamblea de la Cruceñidad resolvieron acatar de forma disciplinada el paro de 24 horas de este viernes.
“Rechazar vehementemente los resultados del Censo de Población y Vivienda y denunciar el escamoteo de cientos de miles de habitantes al pueblo boliviano en general, a los que residen en Santa Cruz en particular”, dice parte de la primera conclusión de la Asamblea de la Cruceñidad.
Pero eso no es todo, en Santa Cruz también se determinó formar una comisión técnica entre la Gobernación, la Alcaldía, la Universidad Gabriel René Moreno y el Comité Pro Santa Cruz para hacer un estudio técnico que demuestre “la irregular y dolosa ejecución del Censo” del INE.
En esa línea, Reyes Villa, desde Cochabamba alertó que esa región iba a perder un escaño. “No puede ser que pierda un escaño Cochabamba”, protestó la autoridad y también anunció que con la información que tiene el municipio como el catastro urbano, la cartografía y el alumbrado público, demostrarán al INE que los datos que brindó no son acordes a la realidad cochabambina.
“Esta semana que viene vamos a tener todo listo para dar una posición técnica más que política y demostrar que no estamos de acuerdo con los resultados del Censo. El INE nos va a tener que demostrar y nosotros vamos a demostrar cuál es la situación”, aseguró.
Reyes Villa también argumenta que no son consistentes los datos del INE con sus proyecciones de hace dos años, que aseguran que en vez de crecer la población boliviana disminuyó. “Yo le aseguro que Cochabamba ha aumentado mucho más de lo que la proyección decía al 2022, que no la hemos hecho nosotros, sino el mismo INE. La proyección era de 856 mil habitantes en Cochabamba y ahora no pudimos haber reducido a 650 mil”.
En La Paz, la Asamblea de la Paceñidad también rechazó los datos del INE, se declaró en estado de emergencia advirtiendo que “no se permitirá recortes al presupuesto” y que se realice una auditoría técnica internacional, además que “los datos del censo no pueden entrar en vigencia hasta que no sean revisados y publicados de forma oficial”.
El Alto que es el segundo municipio más grande después de Santa Cruz, también realizó su Asamblea de la Alteñidad, rechazó los datos del INE que ponen a esta ciudad con 885 mil habitantes, siendo que las proyecciones del INE decían que este 2024 llegaría a 1,5 millones. Los alteños enviaron al INE 11 preguntas para que den una explicación técnica y esperan la respuesta este viernes.
Según el censo, hay algo más de 3,1 millones de habitantes, unos 300.000 menos de los proyectados por el propio Instituto Nacional de Estadística (INE). Los indicadores demográficos son clave para la asignación de recursos y distribución de escaños.