El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, desahució definitivamente la realización de elecciones en 2023 por los plazos que establece el propio proyecto aprobado en la Cámara de Senadores el 31 de agosto pasado.

Según el proyecto de ley 144 "Proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024" se requiere de 45 días para la elaboración de las listas en la Asamblea y 90 días para la organización y realización de las elecciones judiciales, ambos plazos suman 135 días. Asimismo, se debe contar que para la posesión de las nuevas autoridades judiciales hay otros 30 días de plazo, lo que eleva a 165 días todo el proceso.

Si el proyecto de ley hubiera sido aprobado este viernes, la Asamblea tendría que haber entregado sus listas de preseleccionados hasta el 23 de octubre y remitirlas al TSE; este ente electoral debía organizar y llevar las elecciones judiciales el 21 de enero; por tanto, la posesión de las nuevas autoridades judiciales debería ser el 20 de febrero de 2024.

Sin embargo, el documento está paralizado por decisión del polémico diputado, Juan José Jáuregui, quien envió “a consulta” el proyecto de ley. La bancada de diputados 'arcistas' defendió esta decisión de Jáuregui, que es parte de esta bancada, y dijo que de ese modo se evitaría otro tropiezo judicial.

Por tanto, por cada día que se postergue la promulgación de esta ley, la fecha de elección y posesión de las nuevas autoridades también irá recorriendo en 2024. El principal temor de los diputados es el vacío de poder que se generará después del 1 de enero, cuando debe inaugurarse el año judicial.

El proyecto de ley manda a que el personal subalterno siga trabajando y evitar la paralización de la actividad judicial. “De manera excepcional, a partir del 2 de enero de 2024, quedan suspendidos todos los plazos procesales para todas las causas que se encuentren en trámite, en los despachos de las Magistradas y Magistrados salientes del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y despacho de Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura, hasta la posesión de las nuevas autoridades electas, por ser esta una ley transitoria y excepcional”, señala la disposición adicional sexta del proyecto de ley.

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