La Amazonia boliviana está bajo ataque. Las noticias sobre mafias del narcotráfico y la corrupción en esta zona se escuchan a menudo y hacen que esta área sea una de las más vulnerables. La tala de madera ilegal tiene nexos con el tráfico de drogas y también existe la poca atención del Estado para combatir otros delitos ambientales. Ante ese panorama se presentó en el Legislativo un proyecto de ley que busca preservar la región amazónica.

La iniciativa legislativa fue presentada por el diputado Óscar Balderas, de Comunidad Ciudadana (CC). En uno de sus puntos establece la creación del Instituto Boliviano de Desarrollo Amazónico (Ibodesa), como entidad pública descentralizada del Ministerio de Planificación del Desarrollo y con sede en la ciudad de Riberalta, Beni.

“El Instituto Boliviano de Desarrollo Amazónico (Ibodesa) es el órgano técnico ejecutivo responsable de dirigir, coordinar y ejecutar la planificación para el desarrollo integral y sustentable de la Amazonía con la participación interinstitucional de los diferentes niveles de gobierno de la Amazonía boliviana, actores de la sociedad civil amazónico y el sector público y privado”, dice el punto 2 del artículo 5 del proyecto de ley.

Luego establece que la estructura, atribuciones, organización y competencias del Ibodesa serán definidas a través un reglamento y que la fuente de financiamiento de esta entidad será una asignación presupuestaria del Tesoro General de la Nación, ingresos propios, partidas de los gobiernos departamentales de Beni, Pando y La Paz y otros que se obtengan por donaciones, legados o empréstitos.

Según el diputado Balderas, Ibodesa no será una entidad similar a la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), que según un decreto de 2023 fue cerrada para ahorrar recursos.

“Todos los activos de propiedad de la Ademaf y aquellos bajo su custodia, así como los bienes de consumo, serán entregados al Ministerio de Planificación del Desarrollo para su administración, bajo inventario, acta de entrega sujeta a verificación y acta de recepción que establezcan el estado técnico y legal de los mismos, los cuales serán suscritos de manera conjunta entre ambas entidades”, señala la norma.

Delitos en la Amazonía

En la Amazonía boliviana -y también en zonas amazónicas de la región- los delitos están en varios rincones. Bolivia y Ecuador albergan los principales puntos de mayor tráfico ilegal de madera en la cuenca amazónica, según una investigación realizada por el portal InSight Crime.

La tala ilegal en la cuenca amazónica suele ser consecuencia de otros delitos ambientales, como la extracción ilegal de oro, el tráfico de tierras, el desarrollo agrícola y el narcotráfico, establece el estudio que abarcó Bolivia, Venezuela, Ecuador, Guyana y Surinam. Pero, además, se evidenció el nexo que existe con mafias del narcotráfico en la Amazonia boliviana.

Los árboles también se talan ilegalmente para ser traficados explícitamente. Luego de ser talada, transportada y transformada en la zona del Amazonas, la madera se vende en los mercados internacionales, como China, Estados Unidos y parte de Europa.

En toda la región, las redes criminales corporativas buscan especies de alto valor, a menudo en peligro de extinción. Entre ellas se encuentran el palisandro del Amazonas, la caoba y el cedro, que se utilizan para fabricar muebles e instrumentos musicales.

Según el diputado Balderas, se necesita de un plan para proteger la Amazonía y así espantar los delitos que existen en esta zona, que abarca la totalidad del departamento de Pando y parte de La Paz y Beni. “El Plan Integral de la Amazonía Boliviana es el instrumento de planificación que establece el manejo de los recursos, la coordinación en la organización de las actividades públicas con el fin de armonizar y compatibilizar las políticas, programas y decisiones estratégicas de desarrollo integral y sustentable amazónico”, dijo el legislador.

Tala de árboles

Una vez talada la madera recorre varios puntos utilizando documentación falsa en la que se afirma que se ha cosechado en zonas y cantidades legalmente autorizadas. Acá es cuando los Certificados de Origen Forestal (CFO) se rellenan con frecuencia con datos falsos. Ese método se lo arrastra desde 2016.

Por ejemplo, la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) decomisó en septiembre de 2023 más de 200 troncas en varios aserraderos ubicados en Ascensión de Guarayos. Desde la institución se justificó la confiscación al no contar con los permisos requeridos y se verificó que eran falsificados.

Después, la madera se traslada a ciudades de la región amazónica o a centros de comercio libres de impuestos. Allí se procesa en aserraderos pertenecientes a comunidades interculturales y ciudadanos chinos, según Alex Villca, de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap).

Villca está de acuerdo con la implementación de una norma, pero pide que haya duras sanciones para mineros y traficantes.

El Cañón del Bala está ubicado en el lado paceño del río Beni. En esta zona amazónica existen varias amenazas, como la creación de una planta hidroeléctrica y la minería ilegal. 

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