Tras la detención preventiva que fue emitida en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Alejandro Soljancic, investigado por la supuesta compra irregular de un carro bombero, el Gobierno Departamental califica el proceso como un caso más de "persecución política", que busca empañar la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho y debilitar el Censo convocado para el 30 de septiembre, donde se definirán medidas de presión.
El asesor de Gestión de la Gobernación, Efraín Suárez, indicó que el proceso de adquisición del carro bombero, solicitado por la Policía, no tiene ninguna irregularidad y se encuentra plenamente enmarcado dentro de la normativa. "La detención preventiva de nuestro director Alejandro Soljancic es un nuevo caso de persecución política por parte del Ministerio de Gobierno y tiene dos objetivos claros: el de empañar con mentiras la gestión del gobernador y de tratar de debilitar el cabildo por el Censo convocado por la institucionalidad cruceña", manifestó Suárez.
Agregó que, a pesar de la situación, aseguró que el cabildo se llevará adelante y el gobernador estará acompañando al pueblo que participe, encuentro que se desarrollará el viernes 30 de septiembre a las 17:00, a los pies del Cristo Redentor.
"No escatimaremos esfuerzos hasta lograr que esta nueva injustica se acabe y se logre la liberación inmediata de nuestro director", dijo Suárez al señalar que la Gobernación rechaza la aprehensión de Soljancic, lo que considera que responde a una flagrante violación al debido proceso por parte del ministerio de Gobierno. "A través de un memorial que consta en el cuaderno de investigación, es el Ministerio de Gobierno el que exige esta ilegal detención, la cual se ejecuta de manera inmediata por parte del Ministerio Público y de la Policía", añadió.
Puntualizó tres aspectos sobre el proceso, primero que la solicitud de compra del carro bombero, con las especificaciones y empresas sugeridas, nacen del comando departamental de la Policía.
También que hace más de un mes, el cuaderno de investigación está en poder de investigadores y a la fecha no se ha evidenciado ningún indicio de irregularidad al extremo que al día de hoy no se ha procedido a ningún peritaje ni auditoria. Finalmente, señala que el proceso de adquisición aún no ha concluido. "El plazo está vigente y existen pólizas de garantía que los fondos no se encuentran en riesgo, por lo que no existe ni existirá daño económico al Estado", remarcó.
El asesor de Gestión de la Gobernación cruceña cuestiona la injerencia del ejecutivo con el fin de amedrentar a la oposición antes del cabildo por el censo