"Ya hicimos contacto con el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), y a través de memorial también hemos pedido copia de la documentación presentada por la Alcaldía para ver qué tipo de defensa están haciendo", informó Mario Salinas, uno de los dirigentes del mercado Mutualista que el martes estuvo en Sucre.
Según Salinas, les informaron que recién se sorteará el caso del terreno del Mutualista, pero dijo que pedirán celeridad para que acabe la incertidumbre.
Sobre las gestiones del Ejecutivo municipal, informó que siempre les dicen que se mueven con el caso, "pero queremos verlo", aclaró.
Andrés Ritter, abogado de los gremiales, dijo han presentado memoriales, esperando que se resuelva el caso denominado "el tumbe" más grande en la historia de Santa Cruz de la Sierra.
"Esperemos que los privados no consoliden este golpe nefasto para el pueblo cruceño, no permitamos que un terreno municipal, por malos administradores de justicia que quieren hacerse millonarios, termine en manos privadas, y que el Municipio pierda más de 100 millones de dólares. Crapuzzi, no será fácil que te quedes con algo de todos los cruceños. La familia gremial se respeta", advirtió.
Mario Salinas adelantó que este jueves 16 tendrán reunión con Bernardo Montenegro, vocero jurídico de la Alcaldía, "cada 15 días vemos el avance del proceso", indicó.
Asimismo, dijo que este miércoles marcharán al Palacio de Justicia "por las intenciones del señor Alaín Núñez, que quiere postularse al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)", dijo Salinas.
Núñez fue el vocal de la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz que resolvió se deje sin efecto la Ley 417/2016, que declaraba el Mutualista como un bien de dominio municipal, y ordenó la entrega de los planos del Mutualista a Nelson Miguel Crapuzzi Zeballo, quien después de 40 años asegura ser el propietario de las 4,7 hectáreas donde se asienta este centro de abastecimiento.
Hasta la fecha, desde febrero, el Concejo Municipal cruceño no repuso la ley abrogada, la 417/2016, tampoco hizo control de legalidad de la ley abrogatoria.