"Hubo un debate candente", dijo Lordy Suárez, cacique de la comunidad San Simón y vocero de la marcha chiquitana que desde el miércoles aguardaba en San Ignacio de Velasco por la atención de las autoridades, especialmente del alcalde de ese municipio, Ruddy Dorado.

Según Suárez, de las cinco mesas técnicas planificadas, la del tema avasallamientos se encontraba en suspenso debido a la ausencia de Dorado, quien se supone es el actor principal en la defensa del área protegida municipal y también reserva forestal Bajo Paraguá, además de la ABT.

Hasta mediodía de este sábado, el alcalde no había visitado a los marchistas, pero luego de un ultimátum apareció y se sentó con ellos para abordar uno de los temas más álgidos del pliego petitorio, además de salud, educación, infraestructura, etc.

Suárez informó que, si bien hasta la noche de este 26 de octubre aún no se instaló la mesa técnica sobre el avasallamiento de los interculturales, está previsto que suceda el lunes 28, pero antes están mandando la convocatoria al INRA, ABT, Fiscalía y Policía, para proceder a un desalojo real, y no como se ha venido haciendo hasta ahora, ya que no se han demolido del todo las precarias viviendas en la zona.

Los marchistas dieron un plazo de 48 horas a la Gobernación de Santa Cruz, que hasta la fecha no se ha manifestado sobre el tema, y al Gobierno central, para que se presenten en San Ignacio de Velasco y garanticen el desalojo de Bajo Paraguá.

Exigieron la presencia de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada; del gobernador en ejercicio, Mario Aguilera; del presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

De no presentarse, los marchistas amenazaron con no retornar a sus lugares de origen en las comunidades de Bajo y Alto Paraguá, y con adoptar otras medidas de presión.

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