El vocal Ever Álvarez Orellana, titular de la Sala Penal Primera, determinó suspender la audiencia virtual de apelación de los 10 acusados de quemar la sede campesina, ubicada en el primer anillo de la avenida Irala. Los hechos de violencia ocurrieron el pasado viernes 11 de noviembre después de una marcha convocada por sectores gremiales y sociales.
La audiencia se instaló a la hora señalada, 15:00, pero el juez Álvarez Orellana ordenó aplazarla porque tenía otra acción cautelar programada para la misma hora. Se reprogramó dicha audiencia para el miércoles 23 de noviembre, a las 14:40.
Martín Camacho, abogado del Comité Cívico, denuncia que la justicia busca revocar la detención domiciliaria de los acusados y enviarlos de manera preventiva a la cárcel. Observa la presión de instituciones vinculadas al Gobierno nacional y a la Fiscalía.
“Esta audiencia se fija a pedido de los apelantes, que son entre cinco y seis instituciones del Gobierno, que piden que se les revoquen las medidas sustitutivas a los 10 jóvenes acusados. La Fiscalía está presionando para que los envíen a la cárcel”, dijo el jurista.
El abogado defensor no ve indicios en contra de los acusados. Asegura que en la audiencia del martes, la Fiscalía no pudi demostrar su participación en la quema de la sede campesina.
“No se puede acusar de un hecho que cometieron dos personas (los dos condenados) a todos los demás jóvenes, a quienes la Fiscalía no ha podido ubicarlos en el lugar del hecho, ni tampoco individualizar sus participaciones”, precisó.
Los implicados en este caso son Álvaro Choque Pérez, Jimmy Claros Aguilera Espíndola, Juan Pablo Sánchez Gómez, Jaredt Vargas Cruz, Josué Moisés Arias Torrez, Sebastián Méndez Sevilla, David Grageda Tali, Isidro Zelaya Fernández, Juan José Valdivia Montenegro y Luis Mateo Hurtado Gutiérrez.
El martes, el juez cautelar Roberto Arias, ordenó la liberación de estas personas bajo medidas sustitutivas, entre ellas la detención domiciliaria de 21:00 a 06:00, arraigo, prohibición de acercarse a la sede campesina y a otros implicados, presentación de un garante y asistencia semanal para firmar un acta del Ministerio Público.
Los hechos
Después de los enfrentamientos registrados el viernes 11 de noviembre en la avenida Irala, entre manifestantes a favor y en contra del paro indefinido en demanda del censo, la policía gasificó el área para dispersarlos. La molestia de vecinos y personas que apoyaban el paro derivó en un ataque a la sede Sindical Única de Trabajadores Campesinos.
Durante los incidentes, la policía procedió a la detención de 10 jóvenes. Durante más de cuatro días permanecieron en ila Felcc aguardando la audiencia cautelar. Finalmente, el juez Roberto Arias dispuso medidas sustitutivas para los 10 al no encontrar evidencias suficientes.
“En ese momento de tensión, en donde una persona no sabría qué hacer, él grabó cuando me agredieron y me quisieron implantar una botella que tenía un trapo y algo por dentro, una bomba molotov, como ellos llaman”, comentó el joven que fue liberado