El teniente de policía Víctor Hugo Santelices Jáuregui, que se desempeña en la UTOP de Cochabamba, fue imputado por la Fiscalía por lesiones graves y leves, atentado contra la libertad de prensa y por ser considerado un peligro para la sociedad, al establecerse que en Santa Cruz propinó una golpiza a periodistas y pese a estar encapuchado, fue identificado plenamente.

La imputación presentada por la fiscal encargada del caso Ilsen Nava Llanos contra el oficial, fue calificada por el directorio de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz y la asesoría legal como un mensaje claro de que nadie tiene licencia para matar y al contrario la Constitución establece que la misión del policía es la defensa de la sociedad y la conservación del orden público.

La imputación se sustenta en los hechos de violencia registrados el primero de enero de este año, luego de la detención del gobernador Luis Fernando Camacho.

Ante la denuncia de los periodistas de Unitel, Miguel Ángel Rivero Manaira y Joel Orellana, el hecho se registró en el segundo anillo zona del Cristo Redentor.

Fue cuando los periodistas fueron alertados sobre la detención de un manifestante, por lo que corren con sus equipos hasta inmediaciones de la iglesia La Santa Cruz.

El camarógrafo Joel Orellana enciende la luz de su cámara de grabación y se pone a grabar lo acontecido, justo en el momento del traslado del ciudadano detenido. “En ese instante pasa un policía de uniforme negro con plomo que con su brazo golpea la cámara. El camarógrafo le reclamó el por qué golpeaba la cámara en su cabeza, hecho que alteró al oficial, quien trata de quitarle la cámara. Luego ocho policías lo sujetaron del cuello y brazos, lo hacen caer al suelo, forcejean para quitarle la máscara antigás y el casco y le arrebatan todo y le golpean con patadas y puño, cuando Orellana se identificaba que era trabajador de la prensa. 

Su compañero, el periodista Miguel Ángel Rivero, al ver el abuso sale en su defensa para evitar el castigo, pero también recibe golpes y es tendido al suelo y ultrajado. Además, a los dos obreros de la prensa le arrebatan sus teléfonos celulares. Los policías los trasladan al comando, pero en el trayecto se encuentran con un coronel que los conocía, ordena que los dejen libres y los llevan en una ambulancia a un centro médico”, señala la parte central de la imputación.

Ante las evidencias, la fiscal Ilsen nava imputó al teniente Víctor Hugo Santelices Jáuregui, por lesiones graves y leves y atentado contra la libertad de prensa. Presentó pruebas periciales, documentales y testificales, entre ellas el desdoblamiento de imágenes y pericias del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup).

Sin embargo, la fiscal ignoró el delito de robo agravado, porque los periodistas cumpliendo su labor fueron despojados de manera violenta de su herramienta de trabajo, la destrucción de sus cámaras y el robo de sus celulares.

La fiscal requirió las siguientes medidas cautelares: obligación de presentarse ante el Ministerio Público cada 15 días a firmar el libro, fianza de Bs 3.000, prohibición de salir del país o del ámbito territorial que se determine sin autorización judicial previa, arraigo y trabajo comunitario.

Tribunal policial lo salva

Contraria a la decisión del Ministerio Público, la Fiscalía Policial del Tribunal Disciplinario salvó al teniente, pese al pedido rechazó la denuncia del atentado contra la vida de los obreros de la prensa. El fiscal policial capitán Celso Castedo Banegas, rechazó la denuncia de los periodistas argumentando falta de elementos de pruebas y que no existía en su contra ni una acción penal ordinaria.

La abogada Raquel Guerrero sostuvo que se trata de la tercera imputación de 21 casos en torno a los hechos tras la detención del gobernador. Esa vez llegaron a Santa Cruz policías de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Beni y de Chuquisaca y no solo arremetieron contra periodistas, sino contra ciudadanos pacíficos.

Pedirán la baja del teniente

Para la presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz Maggy Talavera, el fallo de la Fiscalía abre una luz de esperanza y de justicia considerando que hay 21 denuncias ante la justicia, cinco procesos disciplinarios contra policías, 52 denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos el Caso Las Londras.

Roberto Méndez, del directorio de la Asociación, dijo que es una señal para que los policías sepan que no tienen licencia para matar. La abogada Raquel Guerrero, anunció que pedirán la baja inmediata del policía agresor, porque la misma fiscal lo considera un peligro para la sociedad.