La crisis cambiaria que vive Bolivia no comenzó cuando desaparecieron los dólares de los bancos ni cuando el mercado paralelo empezó a fijar un precio muy superior al tipo de cambio oficial. Comenzó mucho antes, cuando el Banco Central dejó de ser el defensor de la moneda nacional para convertirse en el brazo financiero del poder político. Ese cambio destruyó lentamente la confianza en el boliviano y explica por qué hoy el país enfrenta escasez de divisas, incertidumbre económica y una creciente pérdida de credibilidad.
Hace apenas una década, Bolivia exhibía Reservas Internacionales Netas superiores a 15.000 millones de dólares. Hoy rondan los 3.500 millones, de los cuales una parte importante corresponde a oro monetario y otros activos que no pueden convertirse inmediatamente en dólares para abastecer el mercado. El actual nivel de las Reservas Internacionales Netas del Banco Central de Bolivia, cercano a los 3.500 millones de dólares, no es suficiente para devolver por sí solo la confianza al mercado ni para garantizar una estabilidad cambiaria sostenible. Una parte importante de esas reservas está compuesta por oro monetario y otros activos de menor liquidez, por lo que la disponibilidad inmediata de dólares es considerablemente menor.
Esa realidad explica por qué persiste la demanda de divisas y la incertidumbre sobre la capacidad del Banco Central para abastecer el mercado de manera permanente. Bolivia necesita reconstruir un nivel de reservas significativamente más elevado, cercano al menos a 6.000 o 7.000 millones de dólares, que permita respaldar con credibilidad la moneda nacional y enfrentar eventuales episodios de volatilidad cambiaria. Para alcanzar ese objetivo no bastará con aplicar disciplina fiscal y devolver la independencia al Banco Central mediante una reforma constitucional. También será necesario obtener financiamiento externo de organismos multilaterales, entre ellos un acuerdo de estabilización con el Fondo Monetario Internacional, que aporte recursos frescos, fortalezca las reservas internacionales y sirva como una señal de confianza para inversionistas, acreedores y mercados.
Sin embargo, ese financiamiento solo tendrá un efecto duradero si forma parte de un programa integral de reformas económicas e institucionales, porque ningún préstamo puede sustituir la credibilidad que generan unas instituciones sólidas, una política fiscal responsable y un Banco Central verdaderamente independiente. La raíz del problema está en la Constitución Política del Estado. Mientras esta establezca que el Banco Central debe coordinar su política con la política económica del Órgano Ejecutivo, nunca podrá actuar con verdadera independencia: la autoridad encargada de defender la moneda queda subordinada a los objetivos fiscales y políticos del gobierno de turno. Ningún inversionista serio confía plenamente en una institución cuya prioridad puede cambiar según las necesidades del poder político.
Los países que han preservado monedas estables hicieron lo contrario. La Constitución del Perú establece que el Banco Central de Reserva debe preservar la estabilidad monetaria y le prohíbe financiar al Tesoro Público. El Banco Central Europeo tiene como objetivo principal la estabilidad de precios y los gobiernos no pueden instruirlo. El Bundesbank alemán fue durante décadas símbolo mundial de disciplina monetaria gracias a una independencia protegida por ley. Incluso la Reserva Federal, aunque rinde cuentas al Congreso, decide su política monetaria sin instrucciones del Ejecutivo. En todos estos casos rige un principio innegociable: el dinero pertenece a los ciudadanos, no a los gobiernos.
Bolivia necesita recorrer ese mismo camino mediante una profunda reforma constitucional. El artículo que obliga al Banco Central a coordinar su política con el Ejecutivo debe sustituirse por una disposición clara que establezca que su objetivo supremo es preservar el poder adquisitivo del boliviano, controlar la inflación y proteger la estabilidad del sistema financiero, por encima de cualquier interés político o electoral.
La nueva Constitución también debe prohibir expresamente que el Banco Central otorgue créditos permanentes al Gobierno Central, a empresas públicas o a cualquier entidad estatal. Los déficits fiscales deben financiarse mediante decisiones presupuestarias transparentes, emisión de bonos o créditos externos aprobados democráticamente, pero nunca utilizando al Banco Central como caja de financiamiento, porque cuando un gobierno puede recurrir a la autoridad monetaria para cubrir sus necesidades, tarde o temprano termina debilitando la moneda.
Asimismo, las Reservas Internacionales Netas deben recibir protección constitucional: no pueden seguir siendo un recurso disponible para respaldar proyectos estatales o cubrir necesidades fiscales. Constituyen el seguro financiero de la nación, y su función exclusiva debe ser respaldar la moneda, garantizar las importaciones esenciales, cumplir compromisos internacionales y defender la estabilidad cambiaria frente a crisis externas.
La independencia también requiere que el presidente y los directores del Banco Central sean elegidos por capacidad técnica, mediante concursos públicos y mayorías legislativas calificadas, con mandatos que no coincidan con el período presidencial y destitución solo por causas graves. Así, ningún gobierno podría reemplazar a las autoridades monetarias por razones políticas.
Naturalmente, un Banco Central independiente no resolverá por sí solo todos los problemas del país. Bolivia registra un déficit fiscal que diversos analistas sitúan entre 7% y 9% del PIB, unos 3.500 a 4.500 millones de dólares anuales. Ninguna autoridad monetaria puede garantizar estabilidad si el Estado gasta muy por encima de sus ingresos. La independencia del Banco Central debe complementarse con responsabilidad fiscal, reducción gradual del déficit, eliminación de subsidios ineficientes, fortalecimiento de la inversión privada y una estrategia agresiva de exportaciones en agroindustria, minería, litio, manufacturas, turismo, tecnología y servicios.
La confianza es un activo económico tan importante como las reservas internacionales. Cuando existe una institución constitucionalmente protegida cuyo único compromiso es defender la moneda, disminuye la demanda especulativa de dólares, bajan las primas de riesgo, aumentan las inversiones y se fortalece el crecimiento. Esa confianza vale miles de millones de dólares y no puede comprarse con préstamos externos.
Bolivia debe comprender que la estabilidad monetaria no depende de cuánto dinero tenga hoy el Banco Central, sino de la certeza de que ningún gobierno podrá volver a utilizarlo para financiar sus propias políticas. Mientras esa garantía no exista, cualquier crédito internacional será apenas un alivio temporal. La verdadera solución consiste en devolver al Banco Central de Bolivia la independencia que nunca debió perder, mediante una reforma profunda de la Constitución Política del Estado. Solo así el boliviano volverá a ser una moneda confiable, las inversiones regresarán al país y Bolivia podrá construir una economía estable, moderna y preparada para crecer durante las próximas décadas.
Carlos Ibáñez Meier; Ph.D. en Economía