Recientemente el gobernador de Santa Cruz ha propuesto repartir entre las autonomías departamentales el 50% de las recaudaciones del Impuesto a las Transacciones, en función de la población del respectivo departamento (FB 07/07/2026). Y, en un trabajo publicado en 2016, quien escribe estas líneas también proponía que porcentajes de impuestos similares fueran coparticipados con las autonomías departamentales, pero no según número de habitantes sino según dónde se genere el impuesto que será coparticipado (Finot I. 2016).
¿Cuál es la diferencia? – Que la verdadera autonomía fiscal proviene de los aportes que realizan los ciudadanos a sus autonomías, no de transferencias del gobierno central. Y si el impuesto fuera distribuido en función de la población de cada departamento no haría parte de los aportes de los ciudadanos a su autonomía sino sería, simplemente, una transferencia proveniente de un impuesto nacional.
Sería un típico ingreso “flypaper”: especialmente atractivo para los gobiernos subnacionales porque no tendría ninguna relación con los impuestos que tienen que cobrar para financiar su gasto. Más aún, los ingresos “flypaper” estimulan la corrupción: ¿qué les importa a los ciudadanos cuánto cuesta una obra si no está financiada con sus aportes?
En efecto, en la teoría de la descentralización se demuestra claramente que una condición fundamental para que las autonomías gasten eficientemente es que su gasto se base en los aportes que les hacen los ciudadanos, consistentes en impuestos, tasas y contribuciones. Y que, a fin de conciliar eficiencia con equidad, cuenten con transferencias provenientes de los impuestos del gobierno central destinadas a igualar oportunidades, pero que sean subsidiarias respecto a los aportes locales.
Estas condiciones todavía no se dan en Bolivia. Las autonomías municipales cuentan con impuestos adecuados pero las departamentales sólo con el Impuesto a las transferencias gratuitas cuya recaudación es ínfima. Y, en ambos casos, la mayor parte de sus ingresos proviene de transferencias del gobierno central no vinculadas con los aportes locales: son típicas “flypaper”.
Confirmando la importancia de los aportes locales, en un trabajo econométrico reciente sobre el gasto y el financiamiento en los municipios de Bolivia (Barja G. 2026), publicado en una revista con arbitraje (Lajed Nº 45), se demuestra, inequívocamente, que el porcentaje de gasto municipal financiado con esfuerzo fiscal propio es la principal variable explicativa de la mejor prestación de los servicios relacionados con la superación de la pobreza (¡más que el gasto por habitante!) y, a través de estos servicios, también lo es del mayor desarrollo humano y económico.
A la luz de estos análisis se puede concluir que la propuesta del gobernador es buena, pero requiere de un ajuste para que no sean transferencias “flypaper”: que lo que corresponda a cada autonomía departamental no se establezca según número de habitantes, sino dónde se encuentre el domicilio del comprador, que sería el contribuyente. Sería un impuesto coparticipado y las autonomías serían las primeras interesadas en que este impuesto no se evada. Sería parte del esfuerzo fiscal departamental.
Se podría empezar por ahí, pero, para estar seguros de que la descentralización no contribuirá al rentismo sino al mayor desarrollo humano y económico, es indispensable modificar el actual sistema de financiamiento: que el gasto autónomo se base en impuestos y contribuciones propios, y que las autonomías puedan decidir libremente sobre las alícuotas de sus impuestos (el porcentaje que cobrarán sobre el valor de la respectiva base). Que las transferencias destinadas a cofinanciar las competencias exclusivas sean de total libre disponibilidad, pero proporcionales a este esfuerzo medido según nivel de pobreza. Si el gasto a cargo de las autonomías se redefiniera de esta manera, y del total nacional correspondiera a ellas el 50%, todas ganarían y, particularmente, las más pobres.
En el caso de las autonomías departamentales se podría empezar con la coparticipación en el Impuesto a las Transacciones con la modificación propuesta, pero lo fundamental sería que cuenten con impuestos propios más importantes. Lo ideal, según lo venimos sosteniendo, un impuesto sobre los ingresos de las personas compartiendo esa base con el gobierno nacional.
(*) Iván Finot es economista, especializado en Descentralización y Desarrollo