Bolivia es uno de los países más diversos del mundo, tanto por los distintos orígenes étnicos de su población como por su heterogeneidad geográfica. Y además desde hace siglos se caracteriza por una baja densidad geográfica: está poco poblada y las distancias entre los distintos asentamientos resultan muy grandes. Integrarnos geográficamente ha sido muy costoso, pero ya lo hemos logrado: prácticamente ya todo el país está unido por carreteras. Ahora tenemos que integrarnos también institucionalmente.
Hasta 1952 la población rural estaba fuera del Estado boliviano. Empezó a ser tomada en cuenta cuando, después de haber participado en la Guerra del Chaco (1932-1935), añadió a las tareas de las comunidades la de defender sus derechos colectivos, autodenominándose “sindicatos” y conformando organizaciones piramidales. Y comenzó a hacer parte del Estado cuando en 1952 se decretó el voto universal y, en 1953, logró la devolución de las tierras que eran cultivadas bajo la forma de servidumbre. Pero sólo hizo parte plena del mismo desde 1994 cuando, con la Ley de Participación Popular, la jurisdicción municipal se extendió a la sección de provincia.
Fue desde entonces que la población rural, mayoritariamente de origen indígena, empezó a participar activamente en política. A fin de presentar sus propios candidatos, en 1995 la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa, la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia y la Central Indígena del Oriente de Bolivia se agruparon en un instrumento político con el nombre de Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, con el propósito de integrar la Bolivia oficial con la otra, “la de usos y costumbres campesino-indígenas” (Zuazo M. 2008).
Y de esta organización nació el MAS, llegando a ganar dos tercios del Legislativo en 2005 y el 54% de la Asamblea Constituyente de 2009. Sus dirigentes añadieron otras organizaciones sociales, pero no orientaron el nuevo partido a la integración de Bolivia, sino, influidos por intelectuales indigenistas y marxistas, hacia un Estado “plurinacional”, y aprovecharon la sospecha de que los empresarios de hidrocarburos estaban evadiendo impuestos para lograr que la mayoría de los ciudadanos aprobara que los nuevos gobernantes manejaran enteramente el sector.
La mayoría de los ciudadanos apoyó la política del MAS al darle victorias electorales, pero ahora, cuando el modelo de este partido fracasó, la tendencia cambió, como lo demuestran los resultados de las últimas elecciones. Y quienes instrumentaron las organizaciones sociales en su favor ahora las aprovechan para bloquear carreteras con la intención de conservar al menos una parte del poder. Pero el daño que están causando es tan grande que ello va a implicar no sólo el fin del MAS -las dirigencias de las organizaciones tienen que renovarse íntegramente- sino una oportunidad para terminar de unificarnos nacionalmente.
Para empezar, actualmente sólo el 38,7% de la población se identifica como indígena y el 61,3% es predominantemente mestiza; casi un tercio (32,9%) vive en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando; el 69% es urbana y el 96% de los habitantes de más de 15 años sabe leer y escribir (Censo de 2024).
Pero, en ingreso por habitante, todavía ocupamos el puesto número 27 de los 32 de América Latina (FMI 2026). Y nuestro crecimiento se ha detenido porque ¡una vez más! hemos caído en el estatismo y, ante una nueva crisis económica, nuevamente nos estamos endeudando. Pagar la deuda acrecentada restará recursos a la inversión por muchos años y nuestro crecimiento se detendrá de nuevo. Seguimos siendo un país extractivista donde minorías -en los últimos 20 años gente del MAS- se aprovechan de los beneficios generados por los recursos naturales.
Ha llegado la hora de cambiar y desarrollarnos sobre la base de instituciones inclusivas. Revisando la literatura se requiere tres condiciones básicas, no necesariamente sucesivas, para que la economía de un país crezca sosteniblemente en beneficio de sus mayorías: 1) Respetando diferencias, lograr acuerdos sobre las reglas fundamentales que regirán para todos por igual, empezando por el respeto al derecho de propiedad y la libre competencia. 2) Reconstruir el Estado y que, en todos sus niveles, las burocracias sean meritocráticas. 3) Erradicar la corrupción y que los gobernantes estén obligados a rendir cuentas de sus gestiones, si es necesario ante la justicia.
(*) Iván Finot es economista, especializado en Desarrollo y Descentralización