Las estadísticas suelen presentarse como datos fríos, pero algunas contienen el retrato de una tragedia nacional. Es así que, el Censo de Población y Vivienda 2024 dejó una advertencia que trasciende la demografía: Bolivia está perdiendo una parte esencial de su identidad. Mientras el discurso oficial continúa reivindicando el carácter plurinacional del Estado, las cifras muestran que 30 de las 36 lenguas indígenas reconocidas por nuestra Constitución Política del Estado se encuentran en riesgo de desaparecer.
No se trata únicamente de la pérdida de un idioma, cada lengua que desaparece arrastra consigo una manera distinta de comprender el mundo, conocimientos ancestrales, formas de relacionarse con la naturaleza y una memoria colectiva construida durante siglos. Entonces, la extinción lingüística no empobrece únicamente a los pueblos indígenas; empobrece al país entero.
Revisando resultados del Censo, el deterioro que encontré es particularmente grave en las tierras bajas, en la Amazonía y el Chaco, departamentos como Beni, Pando y el norte de La Paz concentran algunos de los casos más dramáticos. El Cayubaba apenas conserva cinco hablantes; el canichana, siete; y el joaquiniano, también siete. Son cifras que revelan que varias culturas se encuentran literalmente a una generación de desaparecer. Aunque el quechua, el aimara y el guaraní mantienen una base poblacional mucho más amplia, tampoco están a salvo.
Este fenómeno no puede explicarse únicamente desde la evolución natural de las sociedades, responde también a una estructura que durante décadas ha asociado el castellano con el progreso, el prestigio y las oportunidades económicas, relegando las lenguas originarias a un papel secundario. Bolivia continúa reproduciendo una profunda diglosia: un bilingüismo desigual donde un idioma abre puertas y el otro apenas sobrevive como símbolo cultural.
La migración del campo hacia las ciudades aceleró ese proceso. Con cerca del 70% de la población viviendo en áreas urbanas, miles de familias indígenas priorizan el castellano para facilitar la inserción laboral y educativa de sus hijos. La paradoja resulta inevitable, Bolivia elevó en 2009 a rango oficial las 36 lenguas indígenas, una decisión que fue celebrada como uno de los pilares del Estado Plurinacional, y se quedó ahí, en un mapa con manchas coloridas para el recuerdo en una pared descolorida. El reconocimiento jurídico, por sí solo, no logró devolverles una función social efectiva.
A ocho meses del nuevo gobierno, tampoco existen señales claras de que esta situación esté cambiando, aunque el país declaró el período 2022-2032 como el Decenio de las Lenguas Indígenas, especialistas coinciden en que los avances fueron más discursivos que prácticos.
Tampoco basta con exigir certificados de idioma originario para acceder a cargos públicos si ese requisito terminó convertido en un trámite burocrático o un cartón comprado. Una política seria de preservación lingüística exige mucho más: educación intercultural de calidad, presencia efectiva de las lenguas indígenas en la administración pública, acceso a la justicia, producción cultural, medios de comunicación y, sobre todo, oportunidades económicas que permitan a las nuevas generaciones hablar su idioma sin sentir que ello representa una desventaja.
Ahora sabemos que el país no solo enfrenta desafíos económicos, institucionales o sociales; también libra una batalla silenciosa por conservar su memoria. Preservar la lengua es preservar el alma colectiva de Bolivia, por el momento está ganando el silencio.
Miroslava Fernandez Guevara es periodista y politóloga