En 2005, desde mi escritorio como directora de Comunicación del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, fui testigo de un momento de transición política y social que marcaría un hito en la gestión energética del país. Eran los días en que la Tarifa Dignidad, una medida inicialmente trabajada durante el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario, terminaba siendo heredada y capitalizada por el Movimiento al Socialismo. En ese entonces, las reglas parecían estar escritas por una bonanza gasífera que alimentaba la promesa de convertir a Bolivia en el “corazón energético” de Sudamérica. Dos décadas después, la realidad es radicalmente distinta. La abundancia quedó atrás y las reglas del juego deben adaptarse a una economía mucho más vulnerable.
El reciente Decreto Supremo N.° 5647 es, precisamente, la expresión de ese cambio de época. A diferencia de las políticas expansivas de entonces, este decreto nace con un objetivo mucho más modesto: estabilizar y contener. Su Artículo 2 fija un límite máximo del 5% a la variación mensual de las tarifas de electricidad para proteger al consumidor regulado. Sin embargo, es el Artículo 3 el que revela la verdadera fragilidad del sistema, al habilitar ajustes excepcionales cuando varíen el precio del gas natural, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o el tipo de cambio del dólar. En otras palabras, la estabilidad tarifaria deja de ser una garantía y pasa a depender de variables que el Estado ya no controla plenamente. Esa cláusula de escape no es una previsión técnica, es el reconocimiento implícito de una economía cuya estabilidad ya no puede sostenerse por decreto.
Como bien analiza Sergio Alberto Fernández en Geopolítica de la transición energética, Bolivia se encuentra en una encrucijada crítica. Pese a décadas de discursos sobre soberanía energética, el país continúa dependiendo en un 69% de termoeléctricas alimentadas por gas natural. Esa dependencia constituye una vulnerabilidad estructural. Fernández advierte que modificar variables tan sensibles como el subsidio a los hidrocarburos o el tipo de cambio podría “encender la pólvora de la convulsión social”. No se trata únicamente de un problema técnico o financiero; es un riesgo político de enorme magnitud.
La paradoja resulta evidente. Bolivia posee uno de los mayores potenciales solares del mundo en el Altiplano, con una radiación estimada entre 5,7 y 7 kWh/m²/día, además de importantes condiciones para el desarrollo de la energía eólica. Sin embargo, la participación de las fuentes renovables en la matriz energética sigue siendo marginal. El problema no radica en la ausencia de recursos naturales, sino en la falta de decisiones estructurales que permitan aprovecharlos.
Lo verdaderamente revelador es que el recorrido entre la Tarifa Dignidad de 2006 y el Decreto Supremo N.° 5647 de 2026 cuenta, por sí solo, la historia del agotamiento de un modelo económico. Hace veinte años se distribuían los beneficios de una renta abundante; hoy se administran sus límites.
La transición no es ya una opción verde, es la única vía para no quedarnos a oscuras en un mundo que ya decidió dejar atrás los combustibles fósiles.
(*) Miroslava Fernandez Guevara es periodista y politóloga