Las carreteras bolivianas vuelven a convertirse en trincheras. Y cuando un turista muere varado en Desaguadero o un paciente fallece dentro de una ambulancia rumbo a La Paz, el debate deja de ser político. Cuando un bloqueo deriva en muerte, ya no es protesta: es delito. Ninguna reivindicación social puede cruzar esa línea sin destruir también su legitimidad.
El país ya vivió una escena parecida en agosto de 2020, durante el infame “bloqueo del oxígeno”. Ayer, otra vez, 18 pacientes estaban en riesgo vital por falta de suministro en hospitales paceños. El dato estremece porque revive el peor reflejo de la crisis: usar la necesidad humana como mecanismo de presión. El oxígeno no puede convertirse en rehén de nadie.
Y mientras la tensión escala, el Gobierno insiste en diálogos fallidos y reuniones inconducentes. Antes, incluso en tiempos de la democracia pactada tan cuestionada, existía una lógica básica: cuando el conflicto se desbordaba, se convocaban mediadores. La Iglesia Católica o la Defensoría ayudaban a evitar que el país entrara en comvulsión. ¿Por qué no activar esos mecanismos ahora?
Porque el derecho a la protesta y a la sindicalización es histórico y constitucional. Pero otra cosa es la deformación corporativa que convierte privilegios en chantaje permanente. ¿Hasta cuándo dirigentes declarados en comisión seguirán paralizando ciudades, bloqueando hospitales y condicionando la vida de millones? La democracia también se erosiona cuando grupos radicalizados descubren que pueden imponer sus caprichos sin asumir consecuencias.
(*) César Del Castillo es editor