Bolivia vuelve a mirar la misma película: bloqueos, pérdidas millonarias, carreteras cerradas y ciudadanos atrapados en una crisis donde el derecho a protestar termina chocando contra el derecho a trabajar, producir y sobrevivir. Mientras sectores movilizados endurecen medidas y el Gobierno insiste en mesas de diálogo que no logran desactivar el conflicto, la economía vuelve a pagar una factura. El problema ya no es solo político; es social, educativo y moral.
Miles de estudiantes siguen sin clases regulares mientras algunos dirigentes del magisterio aparecen más cerca de actos vandálicos que de las aulas. Ahí está una de las grandes paradojas bolivianas: quienes deberían defender la educación terminan participando de movilizaciones donde se destruyen bienes públicos y privados. Y conviene decirlo sin eufemismos: una cosa es manifestarse y otra muy distinta es atacar oficinas estatales o romper infraestructura. Eso no es protesta democrática; es vandalismo.
La escena se vuelve todavía más surrealista cuando cooperativistas mineros marchan con violencia exigiendo dinamita. Sí, dinamita. En cualquier país serio, semejante imagen provocaría alarma nacional inmediata. Aquí parece parte de la rutina política. ¿Cómo se llama la película? Bolivia: crisis infinita.
El Gobierno hace bien en insistir en el diálogo. Pero dialogar no puede confundirse con renunciar al principio de autoridad. Porque cuando el Estado deja de ejercerla con firmeza, otros ocupan ese espacio: los violentos y los que creen que la presión callejera está por encima de la ley.
(*) César Del Castillo es editor