¿El diálogo es el camino? Las redes se han inundado con todo tipo de respuestas. Desde las más críticas y cuestionadoras hasta aquellas que despiertan el optimismo entusiasta de las negociaciones. La mediación de la Iglesia, junto instituciones como el Defensor del Pueblo y Derechos Humanos, acrecienta la esperanza de alcanzar un acuerdo que ponga fin a un irracional y asfixiante bloqueo de caminos. La Paz y El Alto están al límite. A la escasez de alimentos en los mercados se suma la intranquilidad persistente de las noticias alarmistas y falsas que desbordan las redes. Entre las últimas, antes de que se renueve el repertorio, se mencionan las listas de casas e instituciones señaladas para ser quemadas. Como ocurrió en noviembre de 2019. Se trata de sembrar el terror en la población y garantizar su perniciosa posición como movimientos sociales predominantes.
Sin voluntad, no hay diálogo. El gobierno ha insistido hasta el cansancio con la vía del diálogo. Muchos hemos interpretado esa posición como una respuesta tibia y timorata frente a los movilizados. Éstos, los bloqueadores, tan hábiles en el discurso como en la organización, saben utilizar los errores del Ejecutivo para dilatar el diálogo. Juegan con las urgencias. Para ellos, se trata de una especie de partida de ajedrez donde las víctimas, los cientos de miles de habitantes que padecen las penurias de los bloqueos, son un botín de extorsión al Gobierno. Cuanto más desesperada esté la sociedad, cuanta más presión recaiga sobre el poder político; mejor posición tiene ante un diálogo postergado. Por ello, se incomodan cuando el presidente habla de ‘vándalos’, se molestan cuando los califican de intolerantes y se indignan con las órdenes de aprehensión emitidas a raíz de sus amenazas constantes. Al parecer, la intención de "alfombrar de cadáveres la carretera hasta Oruro” o el deseo de que “se mueran de hambre” los habitantes de la sede de Gobierno responden a una voluntad de diálogo natural.
Hay múltiples salidas, pero no múltiples responsables. Voces del arco político parlamentario o representantes cívicos proponen el estado de excepción y el uso de la fuerza para levantar los bloqueos. La propuesta ronda desde hace días en la plaza Murillo. Incluso, el Ejecutivo allanó el camino con la abrogación de la Ley 1341de estados de excepción gracias a un consenso amplio en la Asamblea Legislatura Plurinacional. Entonces, por qué no se dispone esa medida extrema. Y es ahí donde salta una palabra que en política pocas veces adquiere un sentido tan dramático como ahora. La gran mayoría de quienes insisten en la medida, saben que no asumirán responsabilidad alguna por la medida. Sin embargo, el Gobierno medita esa disposición precisamente por el peso que conlleva la responsabilidad de sacar el Ejército a la calle en un contexto de violencias descontroladas. La decisión no es fácil, la urgencia tampoco ayuda.