¡Ya era hora! Primero desapareció el diésel. Después desaparecieron las fechas para su normalización. Finalmente desapareció una de las últimas barreras del modelo: el monopolio estatal sobre la importación de combustibles. Hay decisiones que nacen de una convicción. Otras simplemente las impone la realidad.
Durante años se defendió que YPFB podía garantizar el abastecimiento. La crisis terminó demostrando otra cosa. Las filas crecieron, los sectores productivos reclamaron y el propio Gobierno dejó de poner plazos para resolver el problema. Fue entonces cuando apareció una medida que hasta hace poco parecía impensable: abrir el mercado a la importación privada.
No es un giro doctrinario. Es la aceptación de un límite. Cuando el Estado ya no puede asegurar el suministro de un insumo esencial para mover la economía, aparecen los privados para llenar ese vacío. No por una discusión ideológica, sino porque los tractores, los camiones y las fábricas no funcionan con discursos.
La apertura tampoco es una solución mágica. Sin reglamentación, sin operadores dispuestos a asumir el riesgo y sin dólares para importar, el decreto puede quedarse en una buena intención.
La realidad tiene esa mala costumbre de arruinar los discursos. Bastaron unas -o muchas- semanas sin diésel para que el mercado volviera por la puerta que durante años permaneció cerrada. Dicen que “más vale tarde que nunca”.
(*) César Del Castillo es editor