El mayor privilegio en la salud pública no es un salario. Es la impunidad. Las denuncias conocidas esta semana dibujan un sistema donde algunos dirigentes sindicales parecen haber dejado de representar trabajadores para gozar del poder.
Un sindicalista pasó ocho años sin trabajar y cobrando sueldo; otro, según un concejal, ocupó durante cuatro décadas un cargo de técnico en Rayos X sin ejercer esa función. Mientras tanto, los hospitales se paralizan y los pacientes esperan.
Son casos inverosímiles y vergonzosamente impunes. Durante años, distintos gobiernos, alcaldes y gobernadores convivieron con dirigencias que acumularon comisiones indefinidas, influencia política y capacidad para bloquear cualquier intento de reforma. El sindicato, en algunos casos, dejó de ser una herramienta de defensa laboral para convertirse en un refugio de privilegios. Y cuando ese poder se siente amenazado, aparece el paro. No lo paga la autoridad de turno. Lo paga el enfermo que pierde una consulta, una cirugía o un tratamiento. En salud, toda medida de presión tiene un costo humano.
Las denuncias deberán probarse. Pero si son ciertas, la respuesta no puede limitarse a un cambio de nombres. Hay que revisar las comisiones sindicales, auditar todos los ítems y terminar con los feudos enquistados en el sistema público. Porque un hospital existe para atender pacientes, no para sostener dirigentes profesionales. Cuando los privilegios pesan más que la salud de la gente, el verdadero enfermo ya no es el sistema. Es la ética del servicio público.
César Del Castillo es editor