La tragedia en el cerro Posokoni no comenzó con el accidente que dejó cuatro fallecidos. Empezó cuando un grupo numeroso de personas intentó ingresar por la fuerza a la mina de Huanuni para robar mineral, pese a que el yacimiento permanece bajo resguardo militar precisamente para frenar el juqueo. El intento fue contenido, pero terminó desencadenando un accidente fatal.
Hace años que el robo de mineral dejó de ser una actividad marginal. Se convirtió en una economía ilegal capaz de organizar incursiones masivas y desafiar al Estado. La presencia militar demuestra que las autoridades conocen la magnitud del problema. Sin embargo, también evidencia que ni siquiera ese despliegue logra disuadir a quienes encuentran en el mineral robado un negocio suficientemente rentable como para arriesgar la libertad y la vida.
La Gobernación de Oruro plantea ahora declarar al Posokoni como zona restringida. Puede ser una medida necesaria, pero llega después de los muertos. Bolivia vuelve a reaccionar cuando la tragedia ya ocurrió. Mientras las acciones se limiten a reforzar controles y custodiar accesos, el juqueo seguirá reproduciéndose porque la estructura que financia, compra y comercializa el mineral ilegal permanece intacta.
Lo ocurrido en Huanuni debería encender una alarma nacional. Cuando una empresa estratégica del Estado necesita resguardo militar y aun así enfrenta ataques organizados para saquear su producción, el problema ya no es solo la delincuencia. Es la pérdida de autoridad sobre un recurso público. Posokoni no solo expone el robo de mineral; expone la incapacidad del Estado para derrotar a las redes que viven de él.
César del Castillo es editor