La irrupción de las plataformas de alquiler temporal cambió la forma de viajar, hospedarse e incluso de entender la propiedad privada. En Bolivia, al igual que ocurrió en muchas ciudades del mundo, aplicaciones como Airbnb llegaron bajo la promesa de la economía colaborativa: permitir que personas con habitaciones o inmuebles desocupados pudieran generar ingresos adicionales y, al mismo tiempo, ofrecer a los viajeros opciones más flexibles y económicas que la hotelería tradicional.
Durante sus primeros años, el modelo mostró múltiples beneficios. Muchos departamentos y viviendas que permanecían vacíos ingresaron al mercado, dinamizando el sector inmobiliario y generando nuevas fuentes de ingresos para miles de familias. El turismo también encontró alternativas más variadas y accesibles, especialmente en ciudades con alta demanda temporal o limitada oferta hotelera.
Sin embargo, como ocurre con muchas innovaciones, el éxito terminó transformando la naturaleza del fenómeno. Lo que nació como un mecanismo de aprovechamiento de espacios ociosos comenzó a convertirse, en numerosos casos, en una actividad empresarial permanente y altamente rentable. La economía colaborativa fue cediendo terreno a un mercado profesionalizado donde empresas y propietarios administran múltiples departamentos exclusivamente destinados al alquiler temporal.
Es precisamente ahí donde comenzó a surgir un debate que Bolivia aún no ha terminado de abordar.
En determinadas zonas de las principales ciudades del país, especialmente en barrios con alta actividad comercial o turística, una parte importante de los departamentos de edificios residenciales ha sido destinada a este tipo de servicios. En algunos casos representan entre el 20% y el 30% de las unidades y, en ciertos edificios, incluso porcentajes superiores.
La consecuencia inmediata es que la dinámica de convivencia cambia por completo. Los edificios concebidos para albergar comunidades relativamente estables pasan a funcionar, en la práctica, como hoteles sin recepción, sin administración especializada y sin reglas adaptadas a ese flujo permanente de personas.
Los vecinos comienzan a convivir diariamente con ingresos y salidas constantes, maletas en los ascensores, uso intensivo de áreas comunes y un incremento en los gastos de limpieza y mantenimiento. Los ascensores, sistemas de seguridad y espacios compartidos experimentan un desgaste superior al previsto originalmente para una comunidad residencial tradicional.
Pero quizás el problema más sensible no sea económico, sino humano. La convivencia se construye sobre relaciones mínimas de confianza, reconocimiento y responsabilidad compartida. Saber quién vive al lado, identificar a quienes forman parte de la comunidad y compartir ciertas reglas básicas constituye parte esencial de la vida en propiedad horizontal. Cuando cada pocos días cambian los ocupantes, esa sensación de comunidad comienza a diluirse.
A ello se suman situaciones cada vez más frecuentes: departamentos alquilados para reuniones, fiestas o actividades que generan ruido y afectan el descanso de los vecinos. Muchas veces, los propietarios ni siquiera viven en el edificio o delegan completamente la gestión a terceros, por lo que las consecuencias recaen exclusivamente sobre quienes habitan permanentemente el lugar.
Incluso desde el punto de vista económico comienzan a surgir interrogantes. Algunos propietarios consideran que la proliferación descontrolada de alquileres temporales puede afectar el valor comercial y residencial de determinados edificios, especialmente cuando la percepción de inseguridad o pérdida de tranquilidad se instala entre los potenciales compradores.
La experiencia internacional muestra que prohibir estas plataformas no suele ser la solución. Ciudades de distintos países han optado por otro camino: regularlas. Registro obligatorio, límites de capacidad, requisitos de seguridad, cumplimiento tributario y reglas claras de convivencia son algunas de las herramientas utilizadas para equilibrar innovación y derechos colectivos.
Bolivia parece acercarse a ese momento. El desafío no consiste en impedir nuevas formas de economía digital, sino en integrarlas dentro de marcos normativos que protejan tanto a quienes invierten como a quienes viven permanentemente en estos espacios.
Toda innovación modifica la manera en que vivimos las ciudades. La pregunta es si seremos capaces de construir reglas que permitan aprovechar sus beneficios sin sacrificar aquello que hace posible la vida en comunidad: la convivencia.
(*) Tomy Pérez A. es economista