Durante años, muchos gobiernos latinoamericanos creyeron que podían desafiar las leyes de la economía. Pensaron que era posible mantener un tipo de cambio artificialmente fijo, financiar déficits fiscales crecientes, expandir el gasto público sin respaldo productivo y utilizar las reservas internacionales como si fueran inagotables. Sin embargo, la evidencia acumulada por más de cuatro décadas de investigaciones econométricas demuestra exactamente lo contrario. Bolivia no está viviendo una crisis inédita ni un fenómeno imposible de explicar. Está recorriendo un camino que antes transitaron Argentina, Brasil, Ecuador, México, Perú y Uruguay, y cuyos resultados ya fueron ampliamente estudiados por el FMI, el Banco Mundial, universidades y bancos centrales de todo el mundo.
Las investigaciones econométricas más reconocidas coinciden en un hallazgo contundente: las crisis cambiarias casi nunca aparecen de manera repentina. Se gestan durante años mientras se acumulan desequilibrios fiscales, monetarios y externos. La caída de las reservas internacionales, el aumento persistente del déficit fiscal, la pérdida de competitividad de las exportaciones, el crecimiento de la deuda y la pérdida de confianza conforman un patrón que se repite una y otra vez. Cuando estos factores convergen, el tipo de cambio termina ajustándose, independientemente de la voluntad política del gobierno de turno.
Eso explica por qué hoy el dólar continúa apreciándose en Bolivia. No se trata de una conspiración de especuladores ni de un simple problema psicológico. La causa fundamental es que la economía genera menos dólares de los que necesita. La producción y exportación de gas natural, que durante más de una década fue la principal fuente de divisas, ha disminuido significativamente. Al mismo tiempo, el país continúa demandando miles de millones de dólares para importar combustibles, maquinaria, medicamentos, insumos industriales y bienes de consumo. Cuando la demanda supera de forma persistente a la oferta, el precio del dólar necesariamente aumenta.
La literatura económica demuestra además que las reservas internacionales constituyen la primera línea de defensa de cualquier banco central. Mientras estas son abundantes, la autoridad monetaria puede intervenir para suavizar movimientos bruscos del mercado cambiario. Sin embargo, cuando ese colchón se reduce, la capacidad de intervención disminuye y las expectativas comienzan a deteriorarse. Es precisamente lo que numerosos modelos econométricos desarrollados para Argentina, Brasil y México identificaron como el punto de inflexión previo a las grandes devaluaciones.
En este contexto también resulta comprensible la prolongada negociación entre el Gobierno de Rodrigo Paz y el Fondo Monetario Internacional. Muchos ciudadanos se preguntan por qué el acuerdo demoró tantos meses y por qué el préstamo finalmente rondaría los 2.800 millones de dólares cuando inicialmente se habló de 5.000 millones. La respuesta también puede encontrarse en la experiencia internacional. El FMI no presta dinero sobre la base de anuncios políticos sino sobre la credibilidad del programa económico. Antes de comprometer recursos exige comprobar que el país esté dispuesto a ejecutar reformas fiscales, monetarias y cambiarias capaces de garantizar que los recursos serán suficientes para estabilizar la economía y que posteriormente podrán ser devueltos.
Desde esa perspectiva, resulta razonable estimar que el Fondo haya considerado prudente iniciar con un programa cercano a los 2.800 millones de dólares, equivalente aproximadamente al 4% del PIB boliviano, dejando abierta la posibilidad de ampliar el financiamiento una vez verificadas las primeras metas del programa económico. Esta práctica ha sido utilizada en numerosos países y responde a criterios técnicos más que políticos.
No obstante, conviene ser realistas respecto al impacto de ese financiamiento. Aunque 2.800 millones de dólares representan una suma considerable, difícilmente serán suficientes por sí solos para estabilizar definitivamente el mercado cambiario. Diversos economistas estiman que Bolivia necesitaría reconstruir reservas internacionales líquidas por encima de los 8.000 a 10.000 millones de dólares para recuperar plenamente la confianza del mercado y reducir significativamente la presión sobre el dólar. Si actualmente las reservas utilizables son muy inferiores a ese nivel, el préstamo del FMI constituye únicamente una parte de la solución y no la solución completa.
La experiencia internacional demuestra además que ningún programa de estabilización tiene éxito si no va acompañado de disciplina fiscal. Si el Estado continúa gastando varios miles de millones de dólares por encima de sus ingresos cada año, cualquier préstamo terminará financiando temporalmente ese desequilibrio hasta agotarse nuevamente. Lo mismo ocurrió en numerosas economías latinoamericanas durante las décadas pasadas.
Las investigaciones econométricas también ofrecen una enseñanza esperanzadora. Los países que enfrentaron con decisión sus desequilibrios lograron posteriormente recuperar el crecimiento económico. Perú constituye uno de los ejemplos más ilustrativos. Tras abandonar los controles cambiarios, fortalecer la independencia de su banco central, mantener disciplina fiscal y permitir una mayor flexibilidad del tipo de cambio, logró reducir drásticamente la inflación, reconstruir reservas internacionales superiores a los 70.000 millones de dólares y convertirse durante muchos años en una de las economías más estables de América Latina.
Bolivia aún tiene la posibilidad de recorrer un camino similar. Pero para lograrlo será necesario comprender que las leyes económicas no cambian por decreto ni por discursos políticos. Las reservas internacionales no pueden reemplazar indefinidamente la falta de generación de divisas. El tipo de cambio no puede sostenerse artificialmente cuando la economía produce menos dólares de los que consume. Y ningún préstamo internacional, por cuantioso que sea, puede sustituir las reformas estructurales necesarias para restaurar la confianza.
La principal lección que deja la evidencia internacional es clara: las crisis cambiarias no se resuelven únicamente con más deuda, sino con instituciones sólidas, un banco central verdaderamente independiente, disciplina fiscal, reglas económicas creíbles, mayor inversión privada, incremento de las exportaciones y una política económica consistente durante varios años. Bolivia no necesita inventar una solución nueva; necesita aplicar con decisión las lecciones que otros países aprendieron, muchas veces a un costo económico y social muy elevado. La historia económica demuestra que ignorar esas lecciones solo prolonga las crisis, mientras que asumirlas con responsabilidad permite recuperar la estabilidad, el crecimiento y la confianza de los ciudadanos y de los mercados.
Carlos Ibáñez Meier es Ph.D. en Economía